Sicarios tienen una corta expectativa de vida en Costa Rica

En la Navidad del 2010 la alegría pasó de lejos de la familia Reyes Campos, oriunda de Calle Blancos, Goicoechea.

El 17 de diciembre de aquel año, al hijo menor de la casa, Ahmed, de 25 años, lo asesinaron de al menos cinco balazos a unos 500 metros de su hogar, en el barrio Santo Tomás.

El joven se había involucrado en negocios extraños, algo que iba en contra de los buenos modales que le inculcaron sus padres.

La muerte de Ahmed estuvo ligada a una venganza, pues él se encargó de quitarle la vida de seis balazos a un hombre en la salida de un bar, frente a la antigua bomba La Primavera, en barrio La California, San José. Eso ocurrió el 20 de noviembre del 2010. Todo se habría resuelto de esa forma por un presunto pleito entre narcobandas.

Muchos en la comunidad donde creció Ahmed se preguntaban cómo un muchacho que creció en un hogar tan sano pudo enredarse de tal forma. Las malas juntas lo torcieron y le enseñaron el camino del mal.

“El que a hierro mata, hierro muere”, reza el dicho popular. Y esa es la ley que reina en la calle entre pandilleros.

Han pasado prácticamente siete años de aquel asesinato y en Costa Rica la guerra entre grupos “del crimen organizado”, como les llaman las autoridades a los criminales de sangre fría, ha recrudecido.

Las estadísticas del OIJ revelan una realidad espantosa y que se ha convertido en costumbre en el país. Pero hay algo peor, confirman que la sangre la ponen los jóvenes, en su mayoría los que tienen entre 18 y 29 años. En ese rango se encontraba Ahmed.

Esto revela que los sicarios (“todólogos criminales” para el OIJ pues se dedican a matar, custodiar capos, transportar droga entre otros oficios) en Costa Rica tienen una vida corta y los pocos que sobreviven a esa barrera de edad luchan por convertirse en líderes de una organización.

Un ejemplo reciente de “todólogo” es el de Ángel Amado Blanco Hidalgo, guardaespaldas del libanés Elías Akl. Ambos fallecieron al ser recibidos a balazos en la entrada del colegio Mount View, en Guachipelín de Escazú, el pasado 15 de mayo.

En el 2015, 124 de los 557 homicidios se dieron por un ajuste de cuentas o venganza por drogas. Ese apartado registraba un 22,3%

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En el 2016, 125 de los 578 homicidios fueron por la misma razón, lo que representó un 21,6.

Sin embargo, ese número va subiendo como la espuma en el 2017. A la primera semana de julio de este año, de los 291 homicidios registrados en ese momento 124 habían ocurrido por un problema narco, es decir, un 42,9% del total.

“Estos grupos contratan gente a sueldo, pero no solo para matar. Les pagan entre ¢800.000 y ¢1 millón al mes. Las bandas les ordenan que transporten droga, dinero, que manejen y si necesitan que maten, matan. Es un todólogo, no es el sicario, sino el homicida profesional, aunque la palabra sicario no está mal empleada”, detalló Michael Soto, jefe de Planes y Operaciones del OIJ.

Una explosión criminal

Aunque el fenómeno narco ha venido golpeando paulatinamente al país desde hace décadas, el ritmo se ha acelerado desde el 2000 en adelante.

“El negocio comenzó a aumentar porque aumentó el consumo de drogas en el país y el narcomenudeo se vuelve lucrativo, pero no para el vendedor que está en un lugar humilde, sino para el dueño del punto, que genera entre ¢1 millón y ¢2 millones diarios de ganancia”, detalló el jefe policial.

Sin embargo, para Soto, la explosión criminal estalló a partir del 2012.

“Se vuelve tan atractiva la venta que varios grupos se asientan en el sur de la capital y de mediados del 2012 a inicios del 2015 105 personas murieron por pugnas entre cinco bandas narco de esa zona”, apuntó Soto.

Esa guerra desenfrenada inició desde que cayó Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “el Indio”, quien administraba todos los puntos de venta de narcomenudeo del sur de la capital.

Y es que la cantidad de ganancia por kilo de cocaína que saca una organización es bien alta.

Un paquete cuesta entre $7.000 y $8.000 (entre ¢4 y ¢4,5 millones) del que sacan unas 10.000 piedras y cada una la venden en ¢1.000, en total se redondean ¢10 millones y le ganaron unos ¢6 millones al kilo.

Esa cocaína de consumo local ingresa por la frontera sur, mientras que la marihuana (high grade, no high red como se le llama erróneamente) que se vende aquí entra por Limón y es producida en Jamaica.

Torpes, pero peligrosísimos

Soto describió a los “todólogos criminales” como “torpes, pero van para adelante”.

“Hemos analizado algunos videos y uno ve que los homicidas son torpes porque se cruzan el fuego entre ellos, chocan carros en la huida, se caen en las motos cuando huyen entre otras cosas más. Uno ve que la mayoría de nuestros homicidas son gente con poca experiencia en la vida y ocurre que los matan o los detenemos”, manifestó.

Por lo general, estos pistoleros siempre andan en una motocicleta sin placas, con un cilindraje que varía entre los 150 cc y los 200 cc, andan con cascos cerrados con visera oscura, sin placas y siempre cargan una pistola .9mm. La mayoría de las veces viajan dos en la moto.

Actualmente la tasa de homicidios en el país es de casi 12 personas por cada 100.000 habitantes (una cifra considerada como epidemia por la Organización Mundial de la Salud). El Salvador lidera esa cifra a nivel regional con una tasa de 81,2 por cada 100.000 mil habitantes.

La Policía Judicial proyecta que en cinco años en Costa Rica aumentará a 13 de cada 100.000 y en 10 años a 16 de cada 100.000.

“Por ahora solo se matan entre bandas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que el perfil de la víctima pueda ser diferente, que se van a salir de los esquemas criminales y pasarían a los sociales, lo que implicaría la estructura del Estado, judiciales, policías, periodistas y políticos”, advirtió Soto.

Ojalá que esa amenaza la tengamos lo más lejos posible por mucho tiempo.