Dos funcionarios de la Policía de Tránsito fueron detenidos por mal uso de plata pública (malversación de fondos) ya que cobraron arreglos de motos de la institución que nunca se hicieron. Los delitos se dieron entre los meses de marzo y agosto y la malversación rondaría los ¢21 millones.

La investigación fue hecha por el OIJ luego de que jefes del Tránsito se dieran cuenta de que los hombres estaban haciendo un chanchullo y los denunciaron.

Uno de los sospechosos es un trabajador (de Tránsito) que hace labores administrativas y se apellida Arroyo; el otro es un mecánico de apellido Gamboa.

El taller factura arreglos de motos que nunca se hicieron. Foto: Alonso Tenorio / Fines ilustrativos.
El taller factura arreglos de motos que nunca se hicieron. Foto: Alonso Tenorio / Fines ilustrativos.

Según informó la Policía Judicial, los tráficos llevaban las motos de trabajo que se dañaban a un taller de nombre HD Calderón, en San Antonio de Escazú. La licitación que este lugar había ganado ya había acabado y los encargados del taller hicieron los trámites para renovarla, pero una serie de trabas atrasó el proceso, por lo que el funcionario de apellido Arroyo dijo que lo mejor era buscar alguna forma de agilizar las cosas y así seguir usando los servicios del taller.

Según informó Joselyn Gutiérrez, encargada de la Unidad de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Arroyo logró que se retomara el proceso (volver a llevar las motos al taller) y que los pagos se hicieran por medio de una caja chica.

Gutiérrez detalló que cuando las motos se dañaban eran llevadas donde el mecánico del Tránsito apellidado Gamboa y este hacía una factura proforma para asegurar el presupuesto de los arreglos. Luego el taller HD hacía una factura y la presentaba al Tránsito y la institución le hacía una transferencia electrónica para pagar.

El caso fue denunciado por altos jerarcas de la Policía de Tránsito. Foto: Melissa Fernández.
El caso fue denunciado por altos jerarcas de la Policía de Tránsito. Foto: Melissa Fernández.

Cuando los agentes del OIJ entrevistaron a los tráficos que habían llevado las motos al taller se dieron cuenta de que, aunque se hicieron los pagos al taller, las motos nunca fueron reparadas.

El taller está a nombre de una mujer de apellido Valverde, de 83 años, quien recibió una orden para que se presentara a la Fiscalía a declarar. La dueña del taller vive en San Antonio de Escazú.