EscucharEl laboratorio Biogen llegó a un acuerdo amigable que prevé indemnizaciones por 900 millones de dólares para el gobierno estadounidense y un denunciante que acusó a la firma de haber dado sobornos a médicos para que prescribieran tratamientos contra la esclerosis múltiple.
El denunciante, Michael Bawduniak, un exempleado de Biogen, recibirá directamente unos 250 millones de dólares, según un comunicado publicado el lunes por el Ministerio de Justicia estadounidense.
El resto irá al gobierno federal, mientras que una pequeña parte (56 millones) irá a 15 estados estadounidenses que se sumaron a la denuncia, con lo que se cierra el acuerdo.
Bawduniak, quien se desempeñó en el área comercial y fue promovido a la dirección de marketing de la empresa, se retiró de Biogen en 2012, antes de acudir a la justicia.
Una ley contra las falsas solicitudes de reembolso autoriza a cualquier ciudadano a denunciar ante la justicia, a nombre del gobierno estadounidense, estafas financieras contra el Estado hechas por individuos o empresas.
El denunciante puede recibir una parte de las indemnizaciones a las que la justicia encuentre lugar.
En el caso de Biogen, aproximadamente un 30% del costo de los tratamientos relacionados con esclerosis múltiple es pagado por Medicare, un programa federal de salud pública dirigido a los mayores de 65 años.
Según los documentos adjuntos del caso, otro programa mayor de salud pública en Estados Unidos, el Medicaid, se encarga de aproximadamente 10,5% de los pacientes afectados por esta enfermedad y que no tienen todavía 65 años.
Biogen fue acusado de haber girado varios millones de dólares en sobornos cada año a médicos con el fin de que prescribieran su medicamento estrella: Avonex, cuyas ventas bajaban, así como su nuevo tratamiento Tysabri.
Varias otras medicinas contra la esclerosis compiten por el mercado con eficacias similares.
Los sobornos habrían ocurrido entre 2009 y 2014.
Bawduniak "tuvo este caso a cuenta del gobierno de Estados Unidos por más de siete años", dijo el funcionario de la rama civil del Ministerio de Justicia Brian Boynton, citado en el comunicado.
"Es un ejemplo importante del rol clave que pueden jugar los denunciantes y sus abogados para proteger los programas de salud", explicó.
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