EscucharLa policía de Guatemala e indígenas opuestos a una minera suiza que mantenían bloqueada una carretera en el noreste del país se enfrentaron este sábado en un nuevo intento de las fuerzas de seguridad de desalojarles, con saldo preliminar de un agente herido de bala.
El enfrentamiento ocurrió en el municipio de El Estor, unos 155 km al noreste de la capital, un día después de que la policía desalojara con gases lacrimógenos a decenas de indígenas maya-q'eqchi' que horas después volvieron a concentrarse en la ruta.
Jorge Aguilar, vocero de la policía, declaró a periodistas que preliminarmente se reporta un agente herido "por arma de fuego" en una pierna.
"Mi postura es traerles la situación del diálogo para que puedan ser escuchados, pero necesitamos la libre locomoción", dijo previo a iniciar el operativo Héctor Alarcón, gobernador del departamento de Izabal, al que pertenece El Estor, según un video publicado por el medio Prensa Comunitaria en redes sociales.
Imágenes y videos divulgados por el medio mostraron a policías retirando ramas de árboles y otros objetos que habían sido colocados para cerrar el paso y a las fuerzas antimotines lanzar gas.
Las comunidades indígenas se apostaron en el camino desde el 4 de octubre "en resistencia" al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que las mismas fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo, que se opone a la minera al considerar que provoca daños ambientales, también ha denunciado que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.
Antes del desalojo, un indígena que se cubría el rostro con una mascarilla indicó que la intención de las fuerzas de seguridad, entre estas soldados, era permitir el paso de góndolas y camiones de la empresa.
En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian que no se consultó sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.
La minera comenzó a operar en 2014, tres años después de que Solway adquiriera los derechos, tras la rehabilitación y reconstrucción del complejo industrial que data originalmente de fines de la década de 1970 y que ha operado de forma intermitente.
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