Silvia Núñez.10 julio
Rafael Ángel Zamora es el apoderado de la empresa Pedregal que fundó su padre ya fallecido. Captura de video
Rafael Ángel Zamora es el apoderado de la empresa Pedregal que fundó su padre ya fallecido. Captura de video

El dueño de la empresa Pedregal, Rafael Ángel “Macho” Zamora Fernández está metido en una bronca familiar bien grande.

El capítulo más reciente ocurrió el martes pasado, cuando Jorge Rodríguez Zamora, sobrino del empresario, subió un video a redes sociales denunciando que su tío lo agredió físicamente.

Este hecho pasó en una propiedad ubicada en San Antonio de Belén, en Heredia. La propiedad está a nombre de la sociedad Zamora Fernández, cuyo accionista mayoritario es Macho Zamora.

Por este la agresión, Rodríguez denunció a Zamora por el delito de lesiones graves o gravísimas.

Jorge comentó que por recomendación de su abogado, Alonso Salazar, acudió ese mismo día a presentar la denuncia por agresión y que lo mandaron a Medicatura Forense a hacerse los exámenes de prueba.

Trae cola

La bronca se dio porque desde febrero de este año, a Zamora le impusieron medidas cautelares a favor de su madre, Nicolasa Fernández Urpí.

La señora, de 83 años, lo acusó del delito de violencia doméstica pues asegura, según la denuncia 19-000520-1612-VD (de la cual La Teja tiene copia), que es víctima de violencia sicológica y verbal por parte de su hijo.

El pleito entre madre e hijo se da por una aparente deuda de más de 11 millones de dólares, por el traspaso de unas acciones familiares que Zamora habría hecho firmar a la señora, prometiéndole que le daría 50 mil dólares mensuales por ellas pero, aparentemente, nunca lo cumplió.

Jorge explicó que el día de la agresión, él llegó a la casa de su abuela a recoger algunas pertenencias de ella, pues desde hace unos meses atrás la señora se fue a vivir a la casa de una hermana de él, en Palmares, a consecuencia de este proceso judicial y por la situación de la pandemia.

Rodríguez dice que como la jueza Jacqueline Hernández le puso las medidas cautelares a Zamora hace cinco meses, él no podía estar en esa propiedad y por eso lo encaró.

Jorge Rodríguez grabó con su celular la agresión por parte de su tío luego que su abogado le recomendara que tomara pruebas que estaba incumpliendo con las medidas del juez. Captura de video
Jorge Rodríguez grabó con su celular la agresión por parte de su tío luego que su abogado le recomendara que tomara pruebas que estaba incumpliendo con las medidas del juez. Captura de video

“Cuando llegué había cuatro personas desconocidas dentro de la casa. Me comuniqué con mi abuelita y mi mamá para ver qué era lo que pasaba y ellas desconocían la situación.

“En eso llegó mi tío y lo que hice fue intentar comunicarlo con ellas, porque sé que no soy santo de su devoción y dijo que no. Mi abogado me recomendó que grabara todo debido a que existe un proceso legal de medidas cautelares en contra de él de no acercarse a la casa. Él se enoja, se me tira encima y me golpea, me rompió el labio”, dijo Rodríguez.

Al parecer, Zamora llegó con varias personas porque le iban a hacer unas remodelaciones a la casa.

Problemas de platas

Según Jorge, el problema familiar inició desde el 2011 cuando doña Nicolasa habría accedido venderle parte de su capital a su hijo a través de un contrato privado de traspaso de acciones por un monto de 12.400.000 dólares. Según Rodríguez, su abuelita accedió manipulada por Rafael Ángel.

Según Rodríguez, en agosto de 2016 Zamora habría modificado el acuerdo, como apoderado generalísimo de las acciones, y bajó el monto a 10.899.346 dólares y se comprometió a darle a su madre 50.000 dólares mensuales para que siguiera viviendo como una reina, pero esto no ocurrió.

Según denunció la adulta mayor, en febrero del 2017 su hijo únicamente le había pagado 75 mil dólares, por lo cual acudió a presentar una denuncia civil.

El pasado 11 de diciembre de 2011 el Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil de Heredia, que consta en el expediente número 17-000082-0504 (del que La Teja tiene copia), declaró con lugar esta denuncia y ordenó a Zamora a pagar el precio pactado en el contrato de venta de acciones.

“Si es importante la agresión que yo sufrí, pero aquí lo más importante es concentrarse en lo que él le ha hecho a mi abuelita, él la utilizó y la manipuló para que ella le vendiera su patrimonio, después de una vida entera de ella de confiar en él y de invertir en su empresa, para que él la traicionara de esta manera y la dejara botada. Por eso lo denunció por violencia sicológica y abuso patrimonial hacia mi abuela”, mencionó Rodríguez.

Sin autorización

Boris Molina, abogado de Rafael Ángel Zamora, dice que su cliente no ha sido notificado sobre la denuncia interpuesta por su sobrino.

“Nos parece paradójico, si esa denuncia se refiere al video que circula, que una persona que llega a provocar a otra, luego la termine denunciando. No olvidemos que este muchacho llega a una propiedad privada, para la cual no está autorizado a entrar y llega a provocar, grabando sin su consentimiento a una persona que no lo autorizó a filmarlo”, dijo Molina.

Además, señaló que le parece una irresponsabilidad por parte de Jorge ventilar expedientes judiciales de los que no forma parte, ni tiene representación alguna.

Boris Molina, es el abogado defensor del dueño de Pedregal. Cortesía
Boris Molina, es el abogado defensor del dueño de Pedregal. Cortesía

El abogado del empresario dice que tampoco es cierto que su representado haya violado las medidas cautelares, como lo denuncia Rodríguez.

“La señora Fernández no estaba en ese lugar. Esa no es la residencia permanente o temporal de la señora Fernández, ella no habita ahí desde hace muchos meses y no es cierto que se haya ido por la situación del COVID-19, sino desde mucho tiempo antes de la pandemia ella se trasladó a vivir a Palmares y así lo ha manifestado en otros expedientes judiciales”, mencionó el defensor.

Molina agregó que su equipo está trabajando en las acciones legales que emprenderán en contra del sobrino de su representado.

“No se puede permitir que una persona ande propagando tanta información privada sin estar autorizado a hacerlo y mucho menos si se ataca indebidamente la honra de las personas. Esta conducta tan reprochable no puede quedar impune”.