El gobierno de Brasil “da luz verde” a grupos criminales para destruir la Amazonía brasileña y así pone en riesgo a poblaciones locales y comunidades indígenas, denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

“A través de sus palabras y acciones, el presidente Jair Bolsonaro le ha dado una luz verde a grupos criminales que están destruyendo la Amazonia y ha puesto a los defensores de la selva en grave riesgo”, dijo Daniel Wilkinson, director de derechos humanos y medio ambiente de HRW, durante la presentación del informe “Mafias de la selva tropical”.

Wilkinson afirmó que lo que Brasil necesita para enfrentar el problema de la deforestación, la violencia y la impunidad en la región “es un gobierno que esté comprometido a cumplir la ley y busque proteger a sus comunidades y poblaciones indígenas”.

"Desgraciadamente, lo que hemos visto en el primer año de Bolsonaro es un gobierno que parece decidido a hacer lo contrario", agregó.

El informe, que da una serie de recomendaciones a diferentes instancias del gobierno, documentó 28 asesinatos de defensores de la selva, cuyos responsables podrían estar involucrados en la corta ilegal de madera.

Algunos de esos asesinatos ocurrieron cerca de ciudades, afirmó el investigador César Muñoz, autor del documento.

"Hay fallas muy graves" en la actuación oficial y en las investigaciones de las amenazas y muertes, apuntó Muñoz.

Según cifras oficiales, la deforestación de la Amazonía brasileña prácticamente se duplicó entre enero y agosto, pasando de 3.336,7 km2 en ese periodo de 2018 a 6.404,4 km2 este año, el equivalente a 640.000 canchas profesionales de fútbol.

Madereros y hacendados son apuntados como los principales responsables de deforestar la Amazonía para explotar la cría de ganado y vender madera noble autóctona, como la del lapacho, avistado con facilidad por sus flores de colores que resaltan en medio de la alfombra verde amazónica.

Freno a los ataques

HRW también instó a Bolsonaro, partidario de la reducción de la demarcación de tierras indígenas y de la explotación comercial de la selva tropical, a parar "sus ataques verbales y acusaciones sin fundamento" contra las oenegés, así como a "restablecer la cooperación" entre el gobierno y la sociedad civil para proteger a indígenas y ambientalistas.

"Las redes criminales tienen capacidad logística de coordinar la extracción, el procesamiento y la venta de la madera a gran escala, mientras emplean hombres armados para intimidar y, en algunos casos, ejecutar a quienes buscan defender la selva", afirmó la organización.

Brasil es el cuarto país con más homicidios de defensores del medio ambiente, según el informe publicado en julio por la oenegé Global Witness, que contabilizó 20 muertes de personas vinculadas a la causa en el país en 2018.