Dictadura en Nicaragua

Al exguerrillero Daniel Ortega ya no le interesa aparentar ser un presidente democrático.

Busca un cuarto mandato consecutivo en Nicaragua y usa las tácticas más abusivas, eliminando cualquier competencia en las elecciones de noviembre.

Sin temor a la censura internacional, decidió detener o poner en arresto en sus casas a cuatro precandidatos y varios dirigentes opositores, usando leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (controlada por él).

Si los comicios se desarrollan en el marco impuesto por el mandatario, se consolidará la dictadura de izquierda en Nicaragua.

La persecución a los opositores la ha llevado a cabo Ortega sistemáticamente, la aumentó tras las protestas de abril de 2018, y se ha intensificado ahora con la aplicación de la nueva legislación electoral que, en vez de garantizar un proceso democrático justo y transparente, como exigiera la OEA el año pasado, restringe la participación de los opositores.

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A la manera de los autoritarismos modernos, el régimen de Ortega se ha dado un marco jurídico que hace legales todas sus medidas.

El gobernante tiene cómoda mayoría, en un Parlamento que aprueba los proyectos convenientes al Ejecutivo.

Tal fue el caso, en diciembre, de la ley de “Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, invocada para privar de libertad a varios de los dirigentes detenidos la última semana.

Esa ley castiga a quienes hayan promovido o aplaudido sanciones contra el Estado y funcionarios nicaragüenses.

Antes, en octubre, los mismos legisladores aprobaron una ley que obligaba a todas las organizaciones no gubernamentales que recibieran fondos del exterior a inscribirse como “agentes extranjeros”, una obligación que Cristiana Chamorro, la candidata con más posibilidades de ganarle a Ortega, se negó a cumplir, cerrando las operaciones de su Fundación Violeta Chamorro en febrero.

Ahora, el régimen acusa a la hija de la expresidenta de lavado de dinero, y la fiscalía pide su inhabilitación. Estas normas se han adicionado a la ley electoral aprobada el mes pasado, rechazada por la oposición porque inhibe a los candidatos disidentes, suspende la observación electoral internacional y limita el financiamiento, prohibiendo recibir donaciones de nicaragüenses que viven en el exterior.

Esto, en un país donde las remesas de ciudadanos que trabajan en el extranjero representan casi el 15 por ciento del PIB.

Con estos condicionamientos es improbable que las elecciones de noviembre cumplan los estándares democráticos mínimos, pues además el Consejo Supremo Electoral está compuesto por recién designados jueces leales al sandinismo oficialista.

A Ortega lo complican las sanciones internacionales (EE.UU. acaba de imponer nuevas a cuatro personeros, incluida una hija suya), pero está dispuesto al aislamiento total antes que perder el cargo.