Internacionales

Nuevas sanciones a Nicaragua y a dos hijos de Ortega y Murillo

Castigos se hacen públicos el mismo día en el que Daniel Ortega toma posesión en Nicaragua

El Consejo Europeo anunció este lunes la inclusión de siete personas en la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados, entre ellos dos hijos y asesores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente presidente y vicepresidente del país.

En un comunicado, el Consejo informó que los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas, y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho”.

Ortega asume este lunes su cuarto mandato presidencial. La Unión Europea considera que Nicaragua es gobernada por un “régimen autocrático” y que las elecciones celebradas en noviembre último en ese país carecieron de legitimidad.

Entre los incluidos en la lista de sancionados se destacan Camila Ortega Murillo y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial y que actúan como asesores. Camila es también directora de la cadena de televisión Canal 13.

También fueron incluidos entre los sancionados la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha Chacón, y su vicepresidente, Cairo Amador Arrieta.

Nahima Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, también pasó a ser objeto de sanciones, así como Lumberto Campbell, funcionario del Consejo Electoral.

La lista se completa con Luis Montenegro Espinoza, de la Superintendencia de Bancos.

El Consejo también incluyó en la lista de sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones.

De esa forma, la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por la UE ya asciende a 21, y desde agosto del año pasado incluyen al propio presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo.

Otro hijo de ambos, Juan Carlos, ya había sido incluido en la lista de sanciones.

Todos estos funcionarios tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en la Unión Europea resultan congelados.

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