La oposición de Nicaragua advirtió que seguirá pidiendo un adelanto de las elecciones de 2021 en las negociaciones que mantiene con el gobierno de Daniel Ortega para tratar de resolver la crisis que vive el país desde el año pasado.
“Demandamos elecciones anticipadas, libres, justas, transparentes y observadas (..) no cederemos en ese punto”, anunció el representante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, al leer un comunicado en conferencia de prensa.
"El 3 de abril es una fecha en la que debe haber un acuerdo que contemple el adelanto de las elecciones y en el que esté claro (además) el tema de la liberación de los presos políticos", dijo la delegada opositora Azahálea Solís.
La ACJD, que representa a la oposición en la mesa de diálogo, reaccionó a las declaraciones del jefe de la delegación del gobierno, el canciller Denis Moncada, quien en una comparecencia televisiva reiteró que no negociarán el recorte del mandato de Ortega.
"Hemos dicho claramente que el adelanto de las elecciones no es un tema que esté en la mesa de negociación (...) definitivamente no", afirmó Moncada.
El ministro de Relaciones Exteriores argumentó que adelantar los comicios "implicaría violentar la Constitución, que establece períodos presidenciales claramente definidos".
Moncada alegó, asimismo, que la ACJD, que agrupa a la oposición en el diálogo, no tiene representantes en el Parlamento para impulsar una reforma constitucional que permita alterar el tercer mandato presidencial sucesivo de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
El canciller adujo que la Alianza está integrada por sectores que "se vieron involucrados en un intento de golpe de Estado y violación al ordenamiento constitucional del país", en alusión a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril pasado, y que Ortega ha atribuido a un fallido golpe de Estado.
Las protestas, que comenzaron contra una reforma del seguro social, dieron paso a una demanda de salida del mandatario, a causa de la represión que dejó al menos 325 muertos, miles de exiliados y centenares de detenidos.
"Se demanda un cambio profundo de esta sociedad porque aquí ocurrió una masacre. Aquí se violó" y torturó a "un montón" de jóvenes manifestantes, señaló Solís.
La opositora afirmó que la represión que vivió Nicaragua es “incompatible con el desarrollo democrático” que, según ella, pasa por el respeto a los derechos humanos.