EscucharLos cientos de presos políticos aún tras las rejas en Venezuela padecen una “doble tragedia” después que dos potentes terremotos golpearon el norte del país hace casi un mes, denunciaron el miércoles oenegés y defensores de derechos humanos.
Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron el país el pasado 24 de junio, en especial el estado La Guaira, vecino de Caracas.
Al menos 5.346 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, según cifras oficiales. Edificios enteros quedaron reducidos a escombros, de los cuales aún voluntarios y rescatistas recuperan cuerpos.
“Tras esos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos”, denunció en una rueda de prensa la activista Andreína Baduel, acompañada de representantes de oenegés como Amnistía Internacional y la local Provea.
Las evacuaciones en centros penitenciarios como la cárcel militar de Ramo Verde y Rodeo I, ambas a las afueras de Caracas, se produjeron de forma “tardía”, según Baduel. “Duraron 50 minutos sin ser evacuados” tras el doble sismo, se quejó la activista, quien reclama la excarcelación de su hermano Josnars Baduel.
En Venezuela 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.
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“Ya vivían una calamidad, por lo cual hoy se transforma en una doble tragedia”, afirmó Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
En una torre de la cárcel Ramo Verde “el piso 5 sufrió graves afectaciones” por los sismos y los detenidos “han sido obligados a permanecer en las celdas porque los amenazan con traslados a otras cárceles”, denunció la activista.
Durante la conferencia, mensajes como “Protección humanitaria” y “Proteger la vida es una obligación” se leían en pancartas de familiares de presos políticos, que denuncian sufrir “torturas” y malos tratos.
“La crisis hoy agravada por los terremotos no puede abrir un paréntesis en la lucha por la libertad y la democracia”, apuntó Oscar Murillo, coordinador de Provea. “Es un llamado de la historia para hacer las cosas bien”, dijo.
Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.
La mandataria, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de detenidos por razones políticas. No obstante, expertos critican el instrumento por considerarlo insuficiente.
