Sin ningún tipo de privilegio trataron las autoridades de Honduras a su expresidente Juan Orlando Hernández, cuando lo detuvieron el martes pasado a raíz de un pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, algo que su esposa, Ana García describió como humillante este sábado.

Hernández “fue sometido a un escarnio horroroso y humillante” y “durante más de 17 horas enfrentamos el horror, temimos por nuestras vidas e integridad sufriendo el asedio constante de 600 agentes de seguridad”, denunció en un comunicado García, que anunció que presentará las acusaciones ante las “autoridades competentes”.

Estados Unidos solicitó el lunes a Honduras la extradición de Hernández, acusándolo de exportar 500 toneladas de cocaína y recibir sobornos de capos como el mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, mientras fue presidente del Congreso y luego en dos periodos como presidente de la República entre 2010 y 2022.

Inmediatamente la vivienda del exmandatario fue rodeada por un fuerte contingente policial.

El martes, Hernández salió de su residencia e inmediatamente agentes del orden hondureños le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos, en una operación encabezada por el director de la policía, Ramón Sabillón, con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En seguida, fue trasladado a la sede de las Fuerzas Especiales de la policía, en Tegucigalpa.

El miércoles compareció ante un juez que le leyó los cargos y lo regresó a la sede policial para que comparezca de nuevo en una segunda audiencia en el tribunal el 16 de marzo.

De “forma cruel y degradante” hubo “una sobreexposición al público a través de medios de comunicación, incluso utilizando drones que sobrevolaron nuestra casa invadiendo de forma abrupta nuestra privacidad”, sentenció la exprimera dama.

Narcoestado

El expresidente de derecha que dejó el poder a la izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero, tras gobernar Honduras durante ocho años, es acusado de tres cargos, entre ellos “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”.

También se le acusa de “usar o portar armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos”. Un tercer cargo es por “conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos” a Estados Unidos.

Fiscales estadounidenses calificaron a Hernández de “co-conspirador” en la acusación contra su hermano Tony Hernández, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado.

Afirmaron que el expresidente convirtió a Honduras en un “narcoestado”.

Durante el juicio de Tony, fiscales estadounidenses aseguraron que Hernández “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares” a Tony para sobornar a su hermano.

Geovanny Fuentes, otro narco hondureño juzgado en Nueva York y condenado en febrero a cadena perpetua, fue acusado por Estados Unidos de actuar en connivencia con el expresidente.

Hernández niega todo y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.

El exmandatario es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.

Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad.

El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández fue incluido en julio en un listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, y ordenó “restricciones de visa contra el expresidente (...) debido a actos corruptos”.