Una madre tibaseña sabe lo que es lidiar con una persona adicta, su hija de 23 años, tiene aproximadamente un año de consumir marihuana de manera más regular y por eso está buscando ayuda.

“Puede que tenga más tiempo de estar consumiéndola, pero en el último año ha sido más frecuente. Me desagrada y me molesta el olor, pero mas allá de eso, la confronté y me dijo que ha sido una forma de escapar y reconoció que necesita ayuda para poder dejarla”, explicó la preocupada madre.

Como ella, hay gran cantidad de familias que viven una situación similar, especialmente en las zonas rurales, comunidades más vulnerables y son justamente estas las que más sufrirán el cierre de los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) de Alajuela, Guápiles, Heredia, Liberia, Pavas y Pérez Zeledón, a partir del próximo 30 de abril.

Además de dichos centros, se cerrará el centro de acogida de Cristo Rey, que desde hace dos meses brindaba un lugar para dormir a las personas que están viviendo en las calles. Y también dejará de rodar por distintas comunidades de la Gran Área Metropolitana, la unidad móvil llamada Choza Esperanza, que tan solo tenía cuatro meses de estar operando.

El centro de acogida ha atendido a 22 hombres y 4 mujeres, provenientes de diferentes áreas de San José, San Vito de Coto Brus, Quepos, San Carlos y Puntarenas. Mientras que la móvil visitó 33 comunidades y atendió a 1850 personas (entre intervenciones breves, orientaciones y charlas).

Uno de ellos fue Carlos Segura Badilla, quien visitó la Choza Esperanza en febrero pasado.

“La atención recibida por parte de los profesionales me ayudó a controlar mi problema de consumo, recibí un gran apoyo y después de 15 años de estar en situación de calle, logré conseguir trabajo y ahora llevo una vida diferente”, aseguró Badilla.

Los cierres dejarán sin atención a 7.133 personas que están luchando contra el consumo de drogas y según explicó el director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Oswaldo Aguirre, se debe al recorte de presupuesto que hizo el Gobierno este año.

Medicamento y consulta sicológica

Quien llega por primera vez recibe una evaluación y se le programan las citas de acuerdo a lo que necesita cada 15 o 22 días.

Además de quienes reciben la atención sicológica, de trabajo social y médica, también se verán afectadas 50 personas que trabajan para el IAFA.

Un total de ¢1.253 millones es lo que necesita la institucíón para mantener operando los centros por lo que resta del año.

“Cuando hablamos del consumo de drogas el problema es que se afectan un montón de áreas: personal, familiar, laboral y espiritual. Nosotros le damos atención de enfermería, medicina, sicológica y trabajo social y en especial con los que viven en la calle, trabajamos en cómo hacer para reintegrarlo a la sociedad”, explicó el doctor Aguirre.

Durante estos 13 meses de pandemia, muchísimas personas se han quedado sin trabajo, otras la han visto de cuadritos para salir adelante y recurren al alcohol y las drogas para escapar de su realidad.

El panorama en salud y economía no parece mejorar y esto preocupa al director del IAFA.

“Es un gran problema porque la situación del país viene mal y hay muchísima gente desempleada. Nosotros brindamos la atención y un 40% de nuestra población no tiene seguro, pero acude a los servicios gratis, se le dan los medicamentos, y en este momento esta gente quedaría más vulnerable”, afirmó Aguirre.

Si bien pueden seguir recibiendo el medicamento, tendrían que ir hasta la sede central en San Pedro de Montes de Oca a retirarlo, pero para alguien de Liberia o Guápiles, el costo en el que debe incurrir en pases, es muy alto.

La interrupción de estos servicios estaría dejando sin atención a las personas que no pueden costear estos tratamientos y se estaría saturando los centros de salud pública, aseguró el director de IAFA.

Por ejemplo, en el 2018 se atendieron 64.435 personas en los CAID: 33.003 fueron consultas médicas, 14.375 psicológica y 14.553 en trabajo social, las cuales ahora deberán trasladarse a los centros que quedan abiertos como son San Carlos, San Ramón, Cartago, Puntarenas, Quepos, San Vito, Santa Cruz y Limón, o a la CCSS.

Para las autoridades del IAFA la suspensión de estos servicios se debe tratar como un tema de salud pública, que atenta contra los derechos de las personas adictas en condiciones vulnerables, que incluye tanto adultos como 700 menores de edad y sus familias.

La mayoría no logrará trasladarse hasta otros centros, aumentando el riesgo de recaídas y la sensación de abandono y fracaso personal.

Legalización de la marihuana

Otro aspecto que preocupa al IAFA es que se apruebe el proyecto de la legalización de la marihuana porque en estos momentos no pueden atender a los que ya tienen un problema de drogadicción, y menos tendrían cómo ayudar a los nuevos adictos que surjan al no poder controlar la dependencia.

“¿Cómo hacemos para atender a estas personas, si el presupuesto cada vez se reduce más? Y nos preocupan aún más los menores de edad que no tienen la capacidad de comprender claramente qué es lo que le pasa en el cerebro”, explicó Aguirre.