Las personas que se vieron afectadas por el bloqueo que hicieron estudiantes y transportistas el 26 de junio y 2 de julio pasados, durante las protestas contra el Gobierno, recibieron el apoyo total de la Sala Constitucional.
Los magistrados acogieron dos recursos de habeas corpus (que garantizan la libertad de tránsito) y de paso “regañaron” a las autoridades por no garantizar el libre tránsito.
Durante esos días hubo bloqueos en la ruta 32 (San José - Limón) y en Pérez Zeledón. Eso afectó a mucha gente, pero dos afectados no se quedaron de brazos cruzados y presentaron los recursos el pasado 14 de agosto. La Sala Cuarta condenó al Estado a pagarles los daños y perjuicios.
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“La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, concluye en las sentencias 2019-15220 y 2019-15221 del miércoles 14 de agosto, que las autoridades nacionales debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para levantar los bloqueos en la ruta número 32 (que comunica San José con Limón) y la número 2 (sobre el puente Jilguero, Pérez Zeledón)”, explica la Sala en un comunicado.
Los dos recursos fueron contra la Policía de Tránsito, Seguridad Pública y Presidencia de la República por no haber levantado los bloqueos. “El Tribunal razonó, tal y como establece numerosa jurisprudencia nacional e internacional, que el derecho a manifestarse encuentra una limitación en los derechos fundamentales de las otras personas”, agrega el comunicado.
La Sala Constitucional explica que a mayor cantidad de bloqueos en una protesta, mayor es la necesidad de una regulación o intervención efectiva y proporcionada por parte de las autoridades.
"Un bloque supone una afectación grave y lesiona fuertemente los intereses y derechos de terceros en todo ámbito: salud, comercio, trabajo, recreación y ambiente sano, entre otros”, es parte de lo que resolvió la Sala.
