Michael Álvarez Quirós, alcalde de Paraíso de Cartago, aseguró este viernes 2 de mayo que el cobro de ¢3.400 millones de colones que le quiere hacer Acueductos y Alcantarillados (AyA), es ilegal e irregular.
En un video de poco más de 9 minutos el alcalde paraiseño explica que AyA quiere hacerles un cobro que “presenta irregularidades porque las municipalidades de Cartago y Paraíso siempre han honrado sus deudas con AyA”.
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Recordó el alcalde Álvarez que este bejuco millonario nació en 1987 cuando las munis de Paraíso y de Cartago lograron un convenio con el AyA.
En el caso de Paraíso, el convenido significa, desde el 87, la entrega de 2 mil litros de agua por segundo del río Macho hasta Cartago y San José. El agua sale de la planta Orosí 1 que está en Paraíso.
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De esos 2 mil litros por segundo del convenio a Paraíso le tocan 50 por segundo y a Cartago 250 por segundo. El convenio también incluyó, asegura el alcalde, que toda esa agua sería potabilizada en la planta potabilizadora de Cartago administrada por el AyA.
A partir del 2024 la administración de la planta pasó a manos de las munis de Paraíso y Cartago, después, reconoce el alcalde, de que todas las deudas se pagaron puntualmente mes a mes.
“AyA quiere cobrarnos una deuda que dicen es desde el 2017 al 2025. Quiere cobrarnos por captación del agua y la infraestructura de captación es del Instituto Costarricense de Electricidad y también quiere cobrarnos por la conducción del agua de río Macho a la planta potabilizadora y esa tubería es de 1987 ¿Por qué no cobraron en el 2017? Es porque ese cobro es ilegal e irregular”, asegura el alcalde paraiseño.
Don Michael le habló, en el video, directamente al presidente Rodrigo Chaves, invitándolo a dialogar para encontrar una salida a esta situación.
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Además, recordó que con el agua que el AyA extrae de río Macho se benefician comunidades como: Cartago, Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, La Unión, Montes de Oca, Mora, Moravia, San Pablo, Tibás, Santa Ana y Vásquez de Coronado.
Cerró el video reiterando que en el cobro hay “una ilegalidad”.