Luego de un trámite veloz, como pocos, en la Asamblea Legislativa, la tarde de este martes fue aprobado en primer debate y por unanimidad (con 42 votos) el proyecto denominado “Derecho al tiempo”.

Este proyecto amplía el plazo de prescripción de delitos sexuales contra personas menores de edad.

Esta propuesta fue presentada a la corriente legislativa por Anthony Venegas y Michael Rodríguez, denunciantes de supuesto abuso sexual por parte del sacerdote Mauricio Víquez (actualmente en fuga), y por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez Carballo, el 13 de febrero pasado.

El objetivo es extender de 10 a 25 años el tiempo para que las víctimas denuncien el delito, después de cumplir la mayoría de edad.

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“Esta iniciativa se trata de dar derecho al tiempo a las víctimas, pues diversos estudios han demostrado que requieren dicho plazo para superar sus traumas y enfrentar a los abusadores.

“Con este importante avance para que el proyecto pase a ser ley de la República le estamos diciendo a las personas que han sido víctimas de abuso sexual siendo menores de edad, que les creemos, que estamos de su lado y que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es crear la legislación necesaria para garantizarles el acceso a la justicia” comentó el diputado Sánchez.

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El proyecto no modifica los tipos penales existentes para los delitos sexuales contra menores de edad, ni aumenta las penas correspondientes.

Una vez que el proyecto sea aprobado en segundo debate será remitido a la Presidencia de la República para que se convierta en ley.

Armas en la mira

Este martes también fueron aprobados proyectos para regular las armas de fuego.

Se aprobó en segundo debate el expediente 20.508, la cual endurecerá las penas por portación ilegal. Por ejemplo, portar un arma legal sin los permisos significará de 3 y 5 años de cárcel, mientras que la pena será de entre 4 y 8 años si se trata de armas ilegales.

Además, el Congreso aprobó en primer debate el expediente 20.509. De ahora en adelante solo se permitirá el registro de dos armas por persona y las empresas de seguridad que cierren deben enviar sus armas de fuego, municiones, cargados y otros componentes al Arsenal Nacional.

Las personas con antecedentes penales y policiales por delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos sexuales o contra la vida ya no podrán portar armas.