Redacción .28 febrero, 2020
Diego Fernández, coordinador de la UPAD. Foto José Cordero.
Diego Fernández, coordinador de la UPAD. Foto José Cordero.

El presidente Carlos Alvarado comparece este miércoles 10 de febrero ante una comisión de diputados para hacerle preguntas sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Durante una parte de su exposición, el presidente catalogó el proceso (la comparecencia) como inconstitucional. Él parte del criterio de que la Constitución Política no prevé la interpelación de los presidentes de la República en el Congreso, sino solo de los ministros. (Texto de actualización).

La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) es una oficina mandada a crear por el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, a principios del año pasado y se encargaba de conseguir todo tipo de información de los costarricenses que después era utilizada por un equipo para, supuestamente, crear políticas públicas en beneficio del país.

La UPAD podía tener acceso incluso a la información confidencial de las personas y entidades del Gobierno.

¿Quiénes integraban la UPAD?

Diego Fernández, politólogo, era el coordinador; Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos realizaban las tareas administrativas de pedir la información a las entidades gubernamentales. Madrigal y Villalobos están registrados como asesores en Economía de Casa Presidencial.

¿Cómo pedían los datos?

Por medio de correo electrónico o una llamada telefónica. De igual forma, cuando la UPAD lo consideraba necesario se reunía con representantes de las instituciones a las que le pedían los datos, incluso firmaron convenios para el intercambio de información. Cuando así se ocupaba buscaban algunos datos en Internet.

¿Era oficial?

Quedó establecida en el decreto número 41996-MP-Mideplan, publicado en La Gaceta el 17 de febrero pasado.

Alejandro Madrigal, uno de los tres integrantes de la UPAD. Foto José Cordero.
Alejandro Madrigal, uno de los tres integrantes de la UPAD. Foto José Cordero.

¿Algún ejemplo de datos a los que accedió la UPAD?

Se confirmó que accedió a las bases de datos del registro de bienes inmuebles, de los beneficiarios del Estado, de los privados de libertad y del Tribunal Supremo de Elecciones. Hubo otras más, pero no se han confirmado.

¿Cuánto nos cuesta a los ticos esta Unidad Presidencial?

En el último año el país invirtió 43 millones de colones para pagar los salarios de las tres personas que integran la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Según la planilla del Poder Ejecutivo, entre 2019 y 2020, los salarios pagados a esas tres personas están entre las cuatro tejas y los dos millones y medio de colones.

Andrés Villalobos solo registra el salario base de cuatro tejas, Alejandro Madrigal ganó entre febrero y agosto del año pasado 704.980 colones, pero desde setiembre anterior pasó a ser parte de la planilla del ministerio de la Presidencia y aumentó su ingreso a ¢1.045.989. El coordinador de la UPAD, Diego Fernández, es de planilla directa de Presidencia y se gana casi dos millones y medio de colones al mes.

¿Siguen trabajando la UPAD?

No. El presidente Alvarado ordenó la noche del pasado domingo 23 de febrero detener todo su trabajo. “He ordenado detener todo trabajo del equipo de Análisis de Datos, para que la Defensoría de los Habitantes realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido”, explicó el presi.

¿Tiene vela en el entierro la Asamblea Legislativa?

Claro y mucho. Es por eso que desde el pasado 26 de febrero la Asamblea Legislativa creó una comisión que investigará profundamente a la UPAD.

El presidente de la comisión es la liberacionista Silvia Hernández y el diputado de Nueva República Jonathan Prendas es el secretario. También la integran Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional; Carolina Hidalgo, de Partido Acción Ciudadana; Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana; Floria Segreda; del Partido Restauración Nacional y Dragos Donalescu, del Partido Republicano Social Cristiano.

Este grupo tiene hasta dos meses para entregar el informe final. Podrían ser consultados los funcionarios públicos que así se necesite, así como expertos privados en el tema de protección y manejo de datos personales.