Si el precio del combustible sigue subiendo como hasta ahora, podría darse una paralización en el servicio de buses, por lo que miles de personas se verían afectadas para ir a trabajar, estudiar o hacer mandados.

Así lo advirtió el Consejo de Transporte Público este lunes en un comunicado en el que le pide a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que tenga muchísimo cuidado a la hora de analizar las solicitudes de aumento que presenta periódicamente Recope.

“Con gran preocupación el Consejo de Transporte Público recibe la noticia de un nuevo posible aumento en el precio de los combustibles, lo cual podría ocasionar una paralización del transporte público, esto debido a las grandes dificultades económicas que enfrentarían sus operadores para adquirir la gasolina de las unidades con el fin de movilizar a la población en todo el país. Esta situación... de forma paralela, también afectaría el bolsillo de los usuarios, ya que al final, estas alzas se trasladarían a las tarifas”.

El CTP pegó el brinco luego de que el viernes pasado Recope le echara a perder el fin de semana a más de uno al anunciar un nuevo garrotazo.

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La solicitud de aumento fue de ¢87 en el litro de gasolina súper, que pasaría de ¢822 a ¢909, para romper el récord histórico que se implantó hace tan solo dos semanas.

En el caso de la gasolina plus, se pidió un incremento de ¢85, por lo que el litro subiría de ¢804 a ¢889. Mientras que el diésel aumentaría ¢121, pasando de ¢724 a ¢845.

El aumentazo regiría a partir de abril, luego de que Aresep lo apruebe.

“Un aumento de esta naturaleza podría ser significativo, ya que implicaría una paralización técnica del servicio de transporte público”, dijo Manuel Vega, presidente ejecutivo del Consejo de Transporte Público.

Impacto ya se siente

Silvia Bolaños, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) comparte la preocupación y dice que urge que se tomen medidas serias.

“Ya no estamos hablando de un posible escenario ni de una especulación; se trata de la cruda realidad que vive el país, que hace cada vez más difícil garantizar la continuidad del servicio” manifestó Silvia Bolaños, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes.

Bolaños dijo que debido a la pandemia 50 rutas de buses dejaron de brindar el servicio, la mayoría de ellas en zonas rurales.

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Limón es una de las provincias con mayor afectación, ya que a finales de diciembre 228.000 usuarios de buses se quedaron sin el servicio. Se trata de quienes usaban 11 rutas de bus que quedaron al garete porque la empresa Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores de Taxis y Buses R.L (Cottabus) dejó de ofrecer el servicio al declararse en quiebra.

Pero eso no es todo, ahorita los empresarios que dan el servicio de la ruta urbana en el centro de esa provincia dijeron que si sigue el aumento en la gasolina ya no podrán seguir.

“En San José podemos citar el caso de la periférica, esa ruta fue entregaba el año pasado por la empresa de buses que la daba, pero los usuarios no han sentido el impacto porque la asumieron cuatro empresas, sin embargo, ahorita también está en veremos”, explicó.

Ella dice que la única opción viable para mitigar el impacto de esta crisis es aprobar la suspensión temporal del cobro del impuesto para el sector de transporte público, específicamente en los buses, ya que tendría un mínimo impacto en las finanzas del Estado, hablamos de aproximadamente un 0,0135% del total de sus ingresos, pero si representaría un ayuda enorme para los usuarios.

“Es cierto que la guerra está afectando mucho el precio del petróleo, pero el año pasado no había guerra y también subió montones la gasolina, es urgente tomar medidas porque al subir el petróleo aumentan el aceite, los mantenimientos, todo es una cadena”, aseguró Bolaños.