Banco Promérica le pega salacuartazo a la ley contra la usura

Banco Promérica presentó este sábado, ante la Sala IV, un recurso de amparo contra la ley contra la usura, que en realidad se llama reforma a la Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 7472.

Esta ley le puso un tope a las tasas de interés que cobran bancos y otras entidades financieras a las tarjetas de crédito y préstamos y también exigió que para poder prestarle plata a alguien, primero se debe verificar que le quedan libres 200 mil colones del salario.

Por esta razón varias entidades bancarias, cooperativas y asociaciones solidaristas ya anunciaron que cerrarán miles de tarjetas y que ya podrán prestar más plata.

“El banco ha hecho una evaluación rigurosa de la mencionada ley, concluyendo que el texto viola principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, es arbitraria al proponer métodologías de cálculo no sustentadas en normas técnicas de la disciplina financiera, limita la libertad de contratación y ha tenido un grave efecto de exclusión financiera para los consumidores.

“Banco Promerica considera que la ley carece del sustento técnico adecuado para hacerla efectiva; durante el proceso de discusión del proyecto, en la Asamblea Legislativa, se ignoraron todas las recomendaciones técnicas presentadas tanto por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los pronunciamientos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); así como la solicitud de precaución hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la fijación de topes de precio”, dijo la entidad.

El banco advierte que las consecuencias de la exclusión financiera ya se están empezando a hacer evidentes y lo serán aún más en las próximas semanas.

“La reducción del consumo por las limitaciones de acceso al crédito de los ciudadanos tendrá impactos negativos en el sector económico”, dijeron.

Entre las consecuencia que advierten están:

· El cierre de establecimientos comerciales y pymes.

· El despido de empleados del sector comercio.

· Una grave reducción de la recaudación fiscal y de cuotas para la CCSS.

· Más de 135 mil clientes del Sistema Bancario no tendrán acceso al crédito, obligando a un desplazamiento de estas personas hacia el sector informal, resultando en la pérdida de la trazabilidad trasaccional y desfavoreciendo la inclusión financiera a sectores más vulnerables.