EscucharEl canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, está siendo investigado, una vez más, por la Fiscalía General de la República.
En esta ocasión, la investigación es por supuesta administración fraudulenta, por el manejo irregular de $4 millones (unos dos mil millones de colones) por parte de la empresa ATA Trust Company S.A., que manejó el mismo fideicomiso con el que se financió la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves.
Lo que sucedió, aparentemente, es que en setiembre del 2021, Dulce María Mejía Cosco, dueña de la empresa hondureña SMG Comercial S.A., le entregó a ATA Trust los $4 millones, para que se los administrara a través del fideicomiso.
¿Cuál fue el problema? Que cuando Mejía pidió el dinero de vuelta en octubre del 2021, no se lo devolvió completo.
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Y, a pesar de pedir una auditoría en agosto del 2022, para saber qué había pasado con su dinero, se la negaron alegando que primero se tenía que pedir autorización a una tercera empresa --que no estaba nombrada en el contrato--, antes de poder entregar el dinero.
Para setiembre del 2022, aún le estaban debiendo $3,8 millones, que son poco más de mil novecientos millones de colones, al tipo de cambio actual.
Esto llevó a que la empresa hondureña presentara una denuncia ante el Ministerio Público, que se está tramitando a través del expediente 25-000040-0030-PE.
Como es una investigación en curso, no se saben más detalles.
Según dio a conocer CR Hoy, se abrió una investigación en paralelo contra el hijo del canciller, Phillip André Sánchez, y contra el secretario y representante legal de ATA Trust, Alonso Vargas Araya, por este mismo caso.
ATA Trust ha asegurado que no están al tanto de la denuncia.
A la lista
Esta investigación se une a la lista de investigaciones contra el canciller.
Quizás la más importante sea la de la aparente estructura paralela, que se realizó a través del fideicomiso Costa Rica Próspera, para financiar la campaña del presidente Chaves.
En este caso, al canciller se le señala por dos delitos electorales.
Uno es por, aparentemente, tener el rol de “administrador efectivo del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera”. Este se pena con hasta cuatro años de prisión.
El segundo es por haber hecho donaciones que llegaban hasta los $5.500 (₡3.372.000) a ese fideicomiso a título personal, así como a nombre de dos empresas.
En este caso, las posibles penas son de dos a cuatro años de cárcel.
