EscucharOficialmente se tomó una decisión sobre los migrantes provenientes de países como China, Venezuela, Afganistán, Rusia y Vietnam, deportados por el gobierno de Estados Unidos.
Resulta que la Sala Constitucional, mejor conocida como Sala IV aceptó de manera parcial un recurso de habeas corpus y ordenó que se libere a los 28 migrantes restantes, entre ellos 13 menores de edad, que se mantienen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Corredores, Puntarenas.
Tras esta decisión, Migración tiene un máximo de 15 días para definir el estatus migratorio de cada una de estas personas y ponerlas en libertad.
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Pero, ahí no acaba el tema, porque la Sala IV le jaló el aire al gobierno y los condenó por el pésimo manejo que hicieron de estos migrantes.
Y es que, el habeas corpus nació luego de una serie de denuncias que acusaron al Estado tico de vulnerar derechos fundamentales, en concreto el derecho a la libertad.
“¿Por qué fueron detenidas e internadas si no cometieron delito alguno?”, se lee en el falló.
Por esa razón, a ojos de la Sala, recluirlos en el CATEM fue ilegal y se condenó al Estado a pagar los daños y perjuicios causados.
Ahora, ¿cuánto es lo que tendrá que pagar? En realidad no se sabe porque depende de muchos factores como el tiempo que fueron detenidos, las condiciones en las que se encontraba, entre otros, pero, se espera que sean millones.
Además, abre un portillo para que otras familias migrantes soliciten una indemnización, lo que costaría más dinero al país.
Denuncias
Pero, ¿de qué se tratan estas denuncias que se han presentado?
A mediados del pasado mes de mayo, las organizaciones de derechos humanos: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC),recopilaron las denuncias en un informe que realizaron tras visitar el CATEM el pasado 10 de abril.
La principal conclusión a la que llegaron es que el país violó los derechos de estos migrantes desde el momento en que llegaron al país y los detuvo de forma arbitraria por más de 60 días.
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Específicamente, denunciaron al país por retener los documentos de identidad de los migrantes, por no darles información en sus idiomas, por no hacer una evaluación individualizada de protección internacional, además de que no brindaron atención integral, como apoyo psicológico.
Incluso, se denuncia que, a través del programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM, algunas personas fueron devueltas a países donde corrían peligro, sin garantizarse el principio de no devolución.
Las tres ONG le jalaron el aire al gobierno y dejaron claro que el país no tuvo que haber aceptado un acuerdo de este tipo, en el que se expuso a personas a violaciones de sus derechos humanos y que, al hacerlo, convirtieron al país en cómplice.
