Imagínese despertarse un día, revisar el correo y enterarse de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le exige pagar de la noche a la mañana ¢30 millones de colones por cobros de los que usted ni estaba enterado.
Peor aún, que esa deuda le impida atenderse una enfermedad grave como el cáncer, o que a su papá, un adulto mayor de 84 años, le quieran quitar sus ahorros sin tomar en cuenta sus gastos médicos.
Desafortunadamente, esta pesadilla no es un caso aislado. Se trata de un drama real, angustiante y cada vez más frecuente que golpea el bolsillo y la paz de miles de trabajadores independientes en Costa Rica.
Frente a esta situación, la institución enfrenta una ola imparable de cuestionamientos por la forma en que calcula y exige estos cobros.
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Los rostros de una amarga pesadilla
El calvario de Gabriel Chacón, un soldador independiente, comenzó en 2020 cuando acudió a una sucursal de la CCSS para tramitar una planilla provisional.
Su único objetivo era asegurar a un colaborador para realizar un trabajo puntual de pocos meses. Aunque cerró dicho trámite en su momento, en 2023 la institución le soltó un golpe devastador: le notificó un cobro por más de ₡30 millones, alegando que había mantenido empleados a su cargo de forma ininterrumpida desde 2010.
Pese a que la supuesta deuda ya había caducado en su mayoría, la entidad solo aceptó rebajar los cargos posteriores a 2017. Por si fuera poco, a Gabriel le diagnosticaron cáncer de tiroides ese mismo año.
Aunque asegura estar al día con su seguro personal, afirma que la institución pretende cobrarle no solo la cirugía oncológica que requiere, sino también una intervención quirúrgica previa de su esposa que ni siquiera debería estar a su nombre. Hoy enfrenta un proceso legal que parece no tener fin.
Un sufrimiento muy similar atraviesa una familia en Pérez Zeledón (quienes prefirieron guardar el anonimato).
El dueño de un pequeño bazar, un trabajador independiente de 84 años, recibió una notificación en la que la CCSS le exige cancelar más de ₡4 millones en cobros retroactivos. El cálculo se realizó tras un cruce de datos con las declaraciones de renta presentadas ante el Ministerio de Hacienda.
Su hija denuncia que la institución ignoró por completo los cuantiosos gastos médicos, medicamentos y atención geriátrica que requiere su padre por su avanzada edad.
Al no poder asumir semejante cobro, la familia quedó registrada en condición de morosidad, lo que les impide tramitar permisos y licitar con juntas de educación locales para ganarse la vida.
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¿Qué está pasando con los cobros de la Caja?
El problema de fondo radica en la metodología que utiliza la institución para determinar las deudas. En enero pasado, la Sala Constitucional (Sala IV) le recordó a la CCSS que las cuotas cobradas a los trabajadores deben fundamentarse estrictamente en los parámetros de su Ley Constitutiva y en los cálculos actuariales correspondientes, tras fallar a favor de una trabajadora independiente.
La justicia ha sido enfática en frenar estos abusos. El Tribunal Contencioso Administrativo anuló un cobro abusivo realizado a una trabajadora a quien le calcularon la deuda sobre la renta bruta declarada ante Hacienda, en lugar de utilizar su ingreso de referencia real.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia terminó por confirmar dicho fallo, dejando claro que la autonomía de la CCSS no la faculta para imponer montos de forma arbitraria o sin un sustento técnico y legal adecuado.
A esto se suma que una investigación periodística de La Nación reveló que la institución no ha presentado documentos ni argumentos oficiales que justifiquen técnicamente los porcentajes de cotización que exige a patronos y trabajadores en todo el país.
La voz del experto: ¿Cómo defenderse?
Ante este panorama, La Teja consultó al abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit, quien insiste en que los ciudadanos no deben quedarse de brazos cruzados ni firmar arreglos de pago a ciegas por temor.
“El trabajador independiente no debería limitarse a aceptar cualquier cálculo que le presente la Administración. Si existe una obligación económica, tiene derecho a conocer cómo se determinó, cuál fue la base utilizada y qué normas sustentan ese cobro”, explicó Zamora Baudrit.
El especialista aconseja tomar las siguientes medidas de protección:
- Exigir cuentas claras: pida el desglose por escrito en el que se explique de manera detallada cómo se calculó la cuota exigida.
- Revisar la prescripción: verifique que los cobros no correspondan a periodos antiguos que ya caducaron, según la ley.
- Cuestionar la base de cálculo: confirme que el cobro se realice sobre sus ingresos netos reales y no sobre la renta bruta ante Hacienda.
- Asesorarse a tiempo: busque criterio legal especializado antes de suspender cotizaciones o aceptar convenios de pago desproporcionados.
