Almacenes Casa Blanca inició el cierre de sus tiendas en el país y el despido de sus trabajadores como parte del proceso de liquidación de la compañía.

Francisco Luis Vargas, abogado de Land Business, propietaria de los establecimientos, confirmó a La Nación que la compañía ya informó al Juzgado Concursal el comienzo del proceso.

Vargas explicó que por el cese de la operación, la compañía despedirá a toda la planilla. Sin embargo, no detalló la cantidad de tiendas que ya dejaron de atender público, ni el número de personas cesadas por tratarse de un proceso de los administradores.

Carlos Murillo, gerente general de las tiendas, declinó referirse al actual proceso.

“El abogado don Francisco Luis (Vargas) es la persona que puede atender (las consultas). No estoy autorizado (para hablar sobre los despidos). Yo también soy empleado y tengo que seguir órdenes”, dijo Murillo.

La Nación conversó con varias personas despedidas, quienes confirmaron que el cierre de tiendas empezó desde hace un mes. Mientras que la mayoría de las personas fueron despedidas en los últimos 15 días. La compañía comenzó el 2022 con 38 tiendas en todo el país y 292 empleados.

Este proceso ocurre luego de que el pasado 4 de marzo, Land Business desistió de salvar a la compañía debido a que los acreedores, principalmente bancos, rechazaran el plan de salvamento.

La última propuesta de Land Business S. A., para evitar la liquidación, planteaba cancelar la deuda de ¢20.509 millones e intereses por ¢7.996 millones en al menos 15 años.

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Deben esperar

Los trabajadores cesados por la empresa deberán acudir al Juzgado Concursal para presentarse como un acreedor más, al igual que las entidades financieras y los proveedores de la compañía.

“La empresa no podrá cancelar de forma directa los extremos laborales (...) y extiende la presente certificación para que el colaborador pueda hacer valer sus derechos y legalice su acreencia frente al Juzgado Concursal bajo el expediente 17-000001-0958-CI”, reza una de las cartas de despido entregadas a uno de los empleados.

El abogado de Casa Blanca, en el convenio de acreedores, confirmó que los trabajadores de la compañía deberán acudir al juzgado para obtener sus prestaciones legales.

“La liquidación (laboral) es un proceso legal. Los trabajadores como cualquier acreedor tienen que legalizar su crédito en el proceso y ahí es donde se les paga. No es la empresa la que paga, sino que es durante el proceso. Tienen que reclamar eso (sus prestaciones) dentro del proceso judicial”, explicó Vargas.

El abogado dijo que la ley da un privilegio a los acreedores laborales, sobre el resto de afectados por el cierre de una compañía.