EscucharLuego de los resultados de las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua --lo que hubo no pueden llamarse elecciones-- la situación política, social y económica a lo interno del país no pinta nada bien.
La crisis política, que inició en el 2018, está lejos de mejorar, sobre todo por la decisión de Daniel Ortega de mantenerse en el poder por cinco años más, lo que significarían 20 consecutivos al frente del Gobierno de Nicaragua.
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El proceso electoral demostró que Ortega no está dispuesto a abandonar el poder, ya que para llevar a cabo su proyecto continuista, implementó una serie de medidas jurídicas, amparado en el control personal que tiene sobre la Asamblea Nacional y el Poder Judicial.
Aprobó un combo de leyes antidemocráticas que criminalizaron la participación política de la oposición, llevando a la cárcel a todos aquellos que intentaron disputarle el poder a Ortega mediante los votos. A la fecha, los siete precandidatos presidenciales opositores guardan prisión, seis de ellos en las cárceles del “Nuevo Chipote” y uno con casa por cárcel.
La situación económica, si bien es cierto ha mostrado síntomas de recuperación, la verdad es que ha sido sobre la base de mayores cargas tributarias a lo interno y más empréstitos externos (préstamos que toma el Estado), lo que ha llevado al país a tener una deuda externa superior a la que entregó Ortega al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, en 1990.
A la fecha, el monto total de la deuda externa (deuda pública más deuda privada) alcanzó, al cierre de junio de este año, la astronómica cifra de 13,636.3 millones de dólares (más de 8 billones de colones), equivalente al 108% del Producto Interno Bruto, PIB.
La crisis social se refleja en la salida de más nicaragüenses hacia el extranjero, en un flujo migratorio que arrastra a la juventud a la búsqueda de mejores horizontes fuera de su país.
La migración irregular hacia los Estados Unidos se contabiliza, en lo que va del año, en 72.192 nicaragüenses detenidos al tratar de ingresar a ese país, de acuerdo con cifras del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericano.
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En relación con la migración hacia Costa Rica, las cifras se mantienen en constante aumento ya que, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense, en lo que va del año se han recibido más de 39 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses.
Luego de la crisis de abril del 2018 a la fecha se contabilizan más de 100 mil nicaragüenses que se han trasladado hacia este país huyendo de la persecución política que realiza el régimen de Daniel Ortega contra todos aquellos que considera opositores a su gobierno dictatorial.
Un nuevo periodo de gobierno del dictador nicaragüense solo presagia mayores problemas para Centroamérica y en especial para Costa Rica.
La represión, junto a la crisis económica producto de la carencia de empleos y el constante aumento de los precios de la canasta básica, están obligando a más nicaragüenses a buscar nuevas oportunidades afuera y uno de los destinos inmediatos, por su cercanía geográfica, es precisamente Costa Rica, donde existe un tendido familiar y redes de amigos construido desde hace años.
El problema es que la situación económica en ese país todavía se mantiene con serios problemas, agravada aún más por los efectos de la pandemia.
A pesar de que la tasa de desempleo ha disminuido paulatinamente, llegando al 15.3 %, lo cierto es que son casi 400 mil costarricenses los desempleados, convirtiéndose esto en una amenaza para la empleabilidad de los nicaragüenses, quienes estarían accediendo únicamente a trabajos mal remunerados y en áreas en las cuales no se requieren de mayor preparación académica.
El eventual aislamiento del Gobierno de Nicaragua por parte de la Comunidad Internacional, luego de la toma de posesión el próximo 10 de enero, obligará a Ortega a extender la crisis política al resto de Centroamérica, en especial a Costa Rica, sobre todo si tomamos en cuenta que el nuevo gobierno de Honduras, otro país limítrofe con Nicaragua, será muy cercano política, ideológica y militarmente, para lo cual adelantó un acuerdo en el área de defensa el pasado mes de noviembre.
La militarización de la frontera norte por parte del Ejército de Nicaragua es cada día más evidente y se habla inclusive de la construcción de un tendido de campamentos militares a lo largo de la zona fronteriza para evitar una supuesta “invasión militar” de exiliados nicas, algo que únicamente está en la psiquis (alma) de Ortega. Es evidente que tantos militares fuertemente armados siempre generan focos de tensión entre ambos países, algo que se ha visto en el pasado reciente.
