La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) echó para atrás en la intención de gastar 14 millones de colones en una encuesta para saber qué opinaba la gente sobre la labor de esta entidad.

“El presidente de la CNE, Alexander Solís, manifestó que la contratación para el estudio de percepción no pasó por sus manos dado el monto de la contratación. Ante la coyuntura actual, Solís está solicitando declarar ‘desierto por interés público’ la contratación de forma inmediata”, informó la oficina de prensa de la CNE.

Además, Solís instruyó un estudio de todas las contrataciones que actualmente se tramitan y las proyectadas durante el presente año para reorientar la plata en la atención de la emergencia.

El objetivo del estudio era conocer el grado de organización comunal y familiar frente a un evento de riesgo potencial de origen natural (inundaciones, temblores, deslizamientos, tsunamis) y a partir de esos hallazgos, replantear o reforzar el trabajo de prevención con las comunidades.

Por precisamente cosas como estas es que los diputados rechazaron el segundo presupuesto extraordinario que pidió el Gobierno por un monto de 292 mil millones de colones, ya que consideran que no se está socando la faja como debe antes de pedir más plata.

El presupuesto contenía recortes por 62 mil millones de colones en partidas del presupuesto de Gobierno Central y los ₡75 mil millones donados por el INS al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para poder pagar 200 mil bonos Proteger, por lo que ahora aseguran que no hay un solo colón para dar más ayudas nuevas de este tipo.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández Sánchez, aseguró que la mayoría de los integrantes de la comisión votaron en contra la propuesta enviada por el Ejecutivo ya que no contemplaba recortes fuertes en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Este Gobierno, por un lado, ha pasado insinuando la posibilidad de más impuestos a futuro y señalando la necesidad de que todos hagamos sacrificios para salir adelante, pero por otro lado, no ha sido capaz de demostrar un esfuerzo claro en la reducción de sus gastos”, dijo la diputada Franggi Nicolás.

A la Fiscalía

Otro festín de platas significó la famosa soda que se construyó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que se dio a conocer este jueves sobre este caso concluyó trasladar el expediente al Ministerio Público para que investigue la eventual comisión de varios delitos por parte de funcionarios del MAG y para que establezca las responsabilidades.

El informe logró constatar la utilización de un monto mucho mayor de recursos del que originalmente se presupuestaron, pasando de ¢235 mil millones a ¢1.100 millones, lo cual equivale a un 300% más del monto inicialmente contemplado.

“Este caso de la soda del MAG es un ejemplo de que al gobierno de Carlos Alvarado y al gobierno de Luis Guillermo Solís poco les ha importado tener austeridad en tiempos de crisis fiscal y esto no es de recibo, no podemos permitir este tipo de privilegios.

"Además se pudo comprobar una serie de acciones no solamente para llevar a cabo una soda multimillonaria de costos desproporcionados, igualmente, en apariencia se puede ver que existió una red para favorecer a una empresa en particular, además ninguna de las autoridades hizo gestión para reconsiderar el aumento desproporcionado en la inversión”, dijo la diputada Nicolás, quien coordinó la subcomisión.