Por fin, los tres poderes de la República se pusieron de acuerdo sobre cuáles serán sus escudos para combatir la crisis de violencia que vive el país.

Este martes, el mandatario Rodrigo Chaves recibió en casa presidencial al presidente del Congreso, Rodrigo Arias; al de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, al fiscal general, Carlo Díaz y a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano y luego de una reunión hicieron el anuncio de los proyectos de ley que trabajarán para mejorar la seguridad del país.

Hay cuatro proyectos de ley que ya están en la Asamblea Legislativa, se trata de:

- Una reforma para impedir la naturalización a extranjeros condenados con penas de prisión de más de tres años en los últimos diez, sea en Costa Rica o en el extranjero.

- Un plan que permitiría al Estado disponer de bienes decomisados a sospechosos de narcotráfico y que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.

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- Ampliar a diez o más años el periodo en el que la hoja de delincuencia muestre las condenas recibidas por cada ciudadano, el tiempo contaría a partir de la finalización de la pena.

- Aumentar las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota. Las sanciones alcanzarían hasta los 15 años.

Otros seis proyectos importantes

El fiscal general, Carlo Díaz, detalló que hay otros tres proyectos que ya están listos no han sido convocados por el Poder Ejecutivo para que los diputados los empiecen a tramitar. Son estos:

- Ampliar la lista de delitos en los que el Poder Judicial puede efectuar intervenciones telefónicas, además de establecer un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de escuchas.

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- Endurecimiento de condenas por la tenencia y uso de armas ilegales.

- Reforma para modificar el otorgamiento de tobilleras electrónicas.

En cuanto a los otros tres textos aún están en redacción son:

- Un proyecto que ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos.

- Una iniciativa para endurecer las penas a los adultos que recluten menores de edad en la delincuencia.

- Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad. Actualmente, el plazo para formular una acusación y solicitar el internamiento de un menor es de 24 horas, lo cual, en algunos casos relacionados con crimen organizado, se hace un período insuficiente.