La Contraloría General de la República dio a conocer que encontró una serie de irregularidades entre RACSA (Radiográfica Costarricense S.A) y varias instituciones públicas.
A través de los oficios, DFOE-CIU-0192-2025 y DFOE-CIU-0194-2025, de los cuales este medio tiene copia, la Contraloría ventiló la información.
Específicamente, la principal irregularidad que encontraron es que RACSA fue contratada por excepción como ente público, pero subcontrató a empresas privadas mediante la figura de asociación empresarial para cumplir con esos contratos.
En otras palabras, que se contrató a Racsa sin hacer licitación usando una regla especial que permite contratar directamente entre instituciones del Estado.
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¿Cuál fue el problema?
Esa regla solo se puede usar si la institución contratada --en este caso, RACSA-- puede hacer el trabajo por sí sola. Pero lo que hizo RACSA fue subcontratar a empresas privadas para que hicieran el trabajo por ella.
La Contraloría dejó clarito que si bien se puede colaborar con entidades públicas o privadas, deben hacerlo a través de mecanismos legales y respetando los procesos de contratación pública.
¿Ahora qué va a pasar? Lo primero es que la Contraloría giró dos órdenes de cumplimiento inmediato: la primera va dirigida a nueve instituciones públicas, entre ellas el Ministerio deTrabajo, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Junta de Protección Social, la Asamblea Legislativa y la Muni de San José.
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En esa orden se les pide no reconocer la utilidades en los contratos analizados por la Contraloría y se les obliga a recuperar los pagos realizados por concepto de utilidades a Racsa.
La segunda orden va dirigida directamente a RACSA y en ella se le exigió abstenerse de aceptar este tipo de contratos, si no tienen la capacidad de ejecutarlos por si mismos.
La Contraloría dejó claro que le va a dar seguimiento a este tema y, en caso de que no se cumpla lo que están pidiendo, están en toda la disposición de imponer responsabilidades administrativas para los involucrados.
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