Hasta el día de hoy, todavía hay muchas personas que escuchan hablar sobre precarios, pero no tienen ni la más mínima idea de cuántos hay en el país.
La Contraloría General de la República (CGR) está con la peluca parada por lo que considera un “enorme problema invisible” para el país.
La CGR realizó tres informes sobre la realidad de los precarios y confirmó que en total hay 576 precarios en todo el país.
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En esos 576 precarios viven 186 mil personas para un total de 64.128 familias. Hay precarios en 61 cantones, con un aumento del 50% desde el 2013, asegura la CGR.
Hay precarios en 303 propiedades que son del Estado y otros 273 en propiedades privadas. El 80% de los precarios del país están ubicados en tan solo 20 cantones.
En San José: el cantón central, Curridabat, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Tibás y Coronado. En Cartago: el cantón central y La Unión.
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En Limón: el cantón central, Siquirres, Pococí y Talamanca; en Puntarenas: el cantón central, Quepos y Garabito.
En Alajuela: el cantón central; en Guanacaste: Liberia y Carrillo y en Heredia, el cantón central.
Para la CGR hay una tremenda “ausencia de una visión común entre MIVAH, gobiernos locales, CNE, IMAS, INVU, BANHVI y otros; limitaciones en la gestión de proyectos y escaso control sobre su evolución y prevención de reocupación tras desalojos”.
El tema de los precarios golpea desde diferentes puntos, por ejemplo, asegura la CGR que “¢24,7 mil millones es el impacto económico directo en la Hacienda Pública del 2022 al 2024, por consumo no facturado de agua potable y electricidad, atención de incendios, asistencia por desalojos y otros".
Espera la CGR que los tres informes que realizó sirvan para “ofrecer un panorama general que facilite la toma de decisiones informadas y promueva la implementación de buenas prácticas en la gestión de este tema”.
Solo 23 cantones de nuestro país no tienen precarios, en el resto, 61, hay al menos 1.