Con la firma de la nueva ley que permite la reducción de las jornadas de trabajo se impidió que cerca de 2.800 personas perdieran sus empleos.

Así lo confirmó el abogado Álvaro Aguilar, del bufete Aguilar Castillo Love este lunes, en una entrevista dada al programa “Malas compañías”, de Teletica Radio (91.5 FM).

"La semana anterior muchas empresas reaccionaron con temor y lo que esta ley evita es que los patronos suspendieran los contratos de trabajos o despidieran a sus trabajadores. Gracias la ley, cerca de dos mil ochocientas personas se lograron rescatar a la luz de la ley”, expresó Aguilar.

El especialista en derecho laboral respondió una serie de consultas relacionadas a esta nueva ley, que fue aprobada en segundo debate por los diputados y firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el sábado anterior.

Ley beneficiosa

¿En qué consiste la nueva ley?

Esta será una muy buena ley para el país, nace a raíz del COVID-19, pero no está limitada al COVID-19. Si en otro momento el país declara emergencia nacional, la ley se podrá aprovechar para las empresas.

La ley lo que permite es que las empresas reduzcan sus jornadas de trabajo y aplicar reducción de los salarios y así no no acudir a suspensión de contrato.

Muchas empresas estaban forzando a los trabajadores a seguir cumpliendo jornada y con reducción de salarios y eso es ilegal.

¿En qué casos se aplicará esta ley?

Las empresas pueden pedir la reducción de las jornadas de sus trabajadores si demuestran que tuvieron una disminución de sus ingresos.

Por ejemplo, si deseo aplicarla en el mes de abril, debo comprobar que el mes de marzo de este año tuve menos ingresos que en marzo del año pasado.

Esa reducción debe ser del veinte por ciento y en el caso de las empresas creadas hace un año o menos, debe demostrar la baja en los ingresos de los últimos tres meses.

Este trámite se hace ante el Ministerio de Trabajo y se podrá aprobar que el colaborador trabaje hasta un cincuenta por ciento menos de su jornada habitual.

¿Esta medida es valorada por trabajador y patrono?

Es unilateral, es decir, el patrono puede tomar la decisión de aplicar la ley si lo considera necesario, porque está en una situación extraordinaria.

¿Qué pasa si el trabajador se opone a esta medida?

El patrono podría optar por la suspensión de su contrato de trabajo.

¿En qué consiste la suspensión?

La suspensión se estipula en el artículo 74 del Código de Trabajo y se puede aplicar por fuerza mayor o por ausencia de materiales para hacer el trabajo.

Si se le suspende al trabajador el contrato de trabajo, lo que pasa es que dejaría de recibir el salario por el tiempo en que sea válida la suspensión, no hay un plazo mínimo.

Esta ley tiene una vigencia de 3 meses, pero se podría extender si continúa la emergencia.

¿Algunos trabajadores quedarían fuera de la reducción?

El artículo 6 de la ley dice que se protegen a aquellos trabajadores con condiciones especiales. Por ejemplo, las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El proyecto de ley habla de la permuta, ¿qué es eso y cómo se aplica?

Es una modalidad que permite a los patronos y trabajadores para que se pongan de acuerdo en una cosa, se les reduce el tiempo de la jornada laboral, pero no el salario y cuando la situación vuelve a la normalidad, el trabajador repone el tiempo pagado sin costo adicional.

Como ese tiempo ya se pagó, no se puede tomar por horas extras, por lo que debe regularse la forma en la que el trabajador compensaría ese tiempo.

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¿El patrono podría pedir adelantar las vacaciones de los colaboradores?

En la mayoría de los casos, el patrono y el trabajador se pueden poner de acuerdo para escoger las fechas de las vacaciones, pero si el patrono lo amerita, puede enviar a vacaciones al colaborador cuando así lo determine.

¿Qué pasa con los miles de costarricenses que tienen trabajos informales?

Creo que el manejo de esta crisis debe darse por etapas, es un proceso y dimos un buen primer paso para proteger a ambos sectores, con la aprobación de la ley.

A nivel personal creo que el Gobierno debe implementar otras medidas para proteger a los trabajadores informales.