Los sacerdotes estarían en la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cuando les revelen en confesión un caso de abuso a menores.

Así lo estipula el proyecto de ley “Deber de denunciar y declarar casos de maltrato y abusos contra menores” que fue presentado este martes por el diputado del PAC, Enrique Sánchez.

Según explicó Sánchez, el interés superior del niño está por encima del secreto de confesión y cualquier otro dogma, y por encima del secreto profesional. Por eso la iniciativa de ley pretende ampliar el margen de personas e instituciones que están obligados a denunciar cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso contra menores de edad.

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El artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece esa obligación solo a autoridades y personal de instituciones educativas o centros de salud públicos y privados.

El legislador propone que el alcance de la norma se extienda a asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, religioso o de otra índole.

“En un caso se confesión, el cura estaría obligado a denunciar cuando tiene indicios suficientes de que una persona menor de edad está siendo abusada, no solo sexualmente, sino física, al igual que como está obligado un educador.

"Esta ley también estipula un cambio en el deber de abstención que tienen algunas profesiones en un juicio. Por ejemplo, si yo le conté algo a mi sicólogo o sacerdote, yo lo puedo liberar de ese secreto profesional o del secreto de confesión para que declare en el proceso”, aseguró Sánchez.

Actualmente, el artículo 206 del Código Procesal Penal hace que el secreto de confesión sea absoluto, incluso en aquellos casos que la propia víctima requiera la declaración del líder religioso.

Si la iniciativa se aprueba, la Iglesia católica también estaría en la obligación de denunciar ante las autoridades a los sacerdotes acusados por abusos con denuncias canónicas.

Siguiendo órdenes del papa

“Nosotros estamos siguiendo el lineamiento que dio el papa Francisco en la última cumbre de instar a todos los órganos del país a crear las medidas necesarias para evitar la impunidad en estos casos", indicó el legislador.

La Iglesia deberá replantearse que el interés superior del menor está por encima de cualquier dogma”, indicó el legislador.

El proyecto no modifica las multas que señala el Código de la Niñez y Adolescencia para estos casos, el cual estipula sanciones económicas a quien incumpla.

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La iniciativa se presenta en momentos en que el país registra un alarmante aumento de denuncias por abusos a menores de edad.

Según las estadísticas del Poder Judicial las denuncias por abusos sexuales contra menores crecieron en un 74% del 2004 al 2017. Solamente en el año 2018, el total de denuncias por delitos sexuales contra menores fue de 8.229.

Además, el Hospital de Niños reportó que entre el año 2006 y el 2013 aumentaron de un 9% a un 26% los casos diarios que atiende por maltrato o abuso contra chiquitos.

“Cualquier persona en cualquier situación económica o profesión debería sentirse en la obligación de denunciar este tipo de delitos, no puede ser posible que la Iglesia católica con su dogma y lo que predican no escalen a la vía judicial casos de abusos sexual a menores por proteger su sistema”, opinó Anthony Venegas, una de las víctimas del exsacerdote Mauricio Víquez, actualmente prófugo de la justicia.