Eduardo Vega.3 marzo, 2020

El Colegio de Abogados le entregó a la Defensoría de los Habitantes un documento al que llamaron “Comisión para el análisis sobre la creación de la Unidad Presidencial sobre Análisis de Datos”, en el cual advierten que los datos privados de los costarricenses no están debidamente protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política.

Es por eso que dentro de las recomendaciones de los abogados del país se indica que: “A pesar de ser un derecho ampliamente reconocido como derivado del artículo 24 de la Constitución Política, recomendamos su reforma para que se extienda el haz de protección constitucional del artículo a los datos personales de los ciudadanos de forma expresa”.

El tema de la UPAD ha provocado que el Colegio de Abogados advierta que los datos privados no están del todo protegidos por nuestra constitución. Foto José Cordero.
El tema de la UPAD ha provocado que el Colegio de Abogados advierta que los datos privados no están del todo protegidos por nuestra constitución. Foto José Cordero.

No le queda ninguna duda a los abogados que la transferencia de datos personales, sean sensibles o de acceso restringido, requiere del consentimiento del dueño de los datos o una norma legal expresa que permita este tratamiento.

"Cualquier solicitud, recopilación o transferencia ilegal de datos personales debe ser investigada por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prohab), quien tiene la facultad legal de actuar de oficio”, explica el documento.

También advierten que para tener datos personales en servidores privados que estén fuera de Costa Rica necesitan el consentimiento de los dueños de esos datos.

¿Qué es la UPAD? La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se encargaba de conseguir todo tipo de información de los costarricenses que después era utilizada por un equipo para supuestamente crear políticas públicas en beneficio del país. Se confirmó que accedió a las bases de datos del registro de bienes inmuebles, de los beneficiarios del Estado, de los privados de libertad y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Para los abogados es urgente que la Prohab haga un inventario profundo de los órganos o entes públicos que cuidan los datos personales de los ticos, al mismo tiempo, que analice la calidad de cómo protegen esos datos y cómo garantizan que esos datos o el equipo en que están almacenados no sean mal utilizados por ajenos.

El Colegio de Abogados aconseja que la Asamblea Legislativa proponga con urgencia un proyecto de ley que garantice la independencia de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes para que así pueda fiscalizar las faltas a las normas de datos personales por parte de alguna entidad o autoridad gubernamental, como sucedió con el caso de UPAD.