Yenci Aguilar Arroyo.28 febrero
Con el ajuste del ICE planchar le saldría más caro. Archivo.
Con el ajuste del ICE planchar le saldría más caro. Archivo.

La Defensoría de los Habitantes se opone a la solicitud de aumento en la tarifa eléctrica del ICE, cuyo incremento sería de un 8,75%, a partir del 1 de abril y por los siguientes 21 meses.

Este incremento se aplicaría en el servicio de distribución de energía eléctrica para hogares, comercios e industria.

El aumento solicitado vendría a sumarse al aprobado por la Aresep, el pasado 3 de diciembre, para el año 2019, cuyo monto fue de 7,89% en las tarifas de distribución de electricidad, por motivos de liquidación del año 2017.

En cuanto a esta nueva solicitud, inicialmente el ICE pretendía un aumento del 20,37% durante el año 2019. Sin embargo, posteriormente, modificó su pretensión para que el aumento se distribuyera en 21 meses (del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020) y no en nueve meses (del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2019), para suavizar el leñazo.

En primer lugar, al revisar las solicitudes tarifarias, la Defensoría ha encontrado que no todos los elementos de las peticiones responden a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y cuentan con la adecuada justificación.

En segundo lugar, considera la Defensoría que repartir el aumento solicitado del 20,37%, al extender su aplicación por 12 meses más, es un mecanismo para disfrazar el incremento tarifario, sin ajustarlo al principio de servicio al costo pues, al final de cuentas, los usuarios terminaría pagando los ¢56,7 miles de millones de ingresos adicionales que pretende recaudar en ventas el ICE para el 2019.

Considerando lo anterior, la Defensoría externa su preocupación por el impacto que un nuevo aumento en el costo de la electricidad para el año 2019 tendría sobre el costo de vida de los hogares costarricenses y sobre el sector productivo.

Cabe recordar que ya en diciembre de 2018 se había aprobado un aumento para el 2019. Por ello, en esta ocasión la Defensoría recomienda al ente Regulador y al ICE, tener presente el efecto socioeconómico de incrementos tarifarios de esta magnitud, especialmente para los sectores más pobres de la sociedad.