Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana, solicitó a la Contraloría General de la República investigar la convención colectiva que recientemente firmó el Gobierno con los sindicatos del sector educación.

Según el legislador, se deben investigar todas las convenciones colectivas que incumplen la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues a su criterio son nulas, ya que se pasan por encima lo que dice esta ley, la cual establece un tope a los gastos y el despilfarro.

“Reitero mi convicción de que la ley aplica para todos y debe hacerse cumplir. Hay que poner orden con justicia”, dijo Muñoz.

Steven González, viceministro del MEP, dijo que dicha convención viene desde el 2013 y que su constitucionalidad ha sido revisada por la Sala IV en dos ocasiones. Agregó que para esta edición 2020 no se incluyeron nuevos beneficios económicos y por eso sostienen que no incrementa el gasto público.

Muy criticada

Dicha convención colectiva, firmada en medio de la crisis fiscal, generó una ola de críticas por parte de diputados y cámaras empresariales pues, entre otros aspectos, el MEP se compromete a otorgar plazas a 4.000 cocineras aún cuando el presupuesto de 2021 no se ha aprobado.

Actualmente, esas trabajadoras son contratadas por las Juntas de Educación, pero a partir del momento en que pasen a la planilla del Ministerio se hacen merecedoras de sobresueldos como el salario escolar, anualidad y zonaje.

La convención además otorga tres días de Semana Santa a los funcionarios, pues no se descontarán de las vacaciones, al tiempo que asegura una licencia de tres días por la muerte de un abuelo.

También, el MEP incluirá como componente salarial el plus de incentivo didáctico, que se creó con el fin de que los docentes compraran materiales para impartir las lecciones. Antes correspondía al 8,33% del salario total (base más pluses) y ahora será de un 12,6%.