Los diputados aprobaron este martes 19 de octubre el proyecto de ley para rebajar el marchamo del 2022, eso sí, la medida se aplicará únicamente para los vehículos valorados en menos de ¢15 millones.

El descuento va entre el 9% y el 45% y se hará en el rubro del impuesto de la propiedad.

La iniciativa tuvo 35 votos a favor y solamente votaron en contra siete legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Con el descuento aprobado en el proyecto del marchamo, el cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos quedaría de esta forma:

A los vehículos de carga liviana también se les aplicará una reducción adicional del 20% sobre el monto del impuesto.

El tributo sobre la propiedad de los vehículos representa el 63% del valor del marchamo. El resto equivale a varios componentes, entre ellos el seguro obligatorio de automotores (SOA).

La reducción se aprobó pese a la advertencia del Gobierno de que ese plan generaría un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas, así como la preocupación del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la señal que dicha propuesta envía.

Perdón de deudas

Aparte de la reducción en el impuesto a la propiedad de los vehículos, también se incluye un perdón de las deudas por marchamos atrasados, si el propietario de un vehículo paga el derecho de circulación antes del 1 de enero del 2022.

Según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), hay cerca de un millón de marchamos atrasados.

Además, los congresistas incluyeron en el proyecto descuentos extra para los autobuseros y los taxistas, a través de rebajas en los cánones de regulación.

A los propietarios de autobuses se les reduciría, en un 50%, el canon que deben pagar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Así mismo, se les aprobó, a los autobuseros, un descuento del 16,79% en el canon del Consejo de Transporte Público (CTP); a los taxistas, se les baja el canon de Aresep a la mitad.

Esos beneficios adicionales para los propietarios de transporte público no fueron justificados dentro del proyecto.

En su intervención por el fondo, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, reclamó que no se hiciera ninguna proposición para cubrir el hueco fiscal de al menos ¢30.000 millones que se generan en las finanzas del Estado.

Alegó que se trata de una irresponsable decisión, a la vez que enfatizó que el Ministerio de Hacienda solamente ha hecho una estimación conservadora del faltante, pues no consideró los vehículos nuevos.

Añadió que no entiende la intención de la oposición, si es aumentar la deuda para financiar los gastos del Estado o desfinanciar algunas instituciones.

El diputado independiente Erick Rodríguez Steller atacó al PAC, por el discurso sobre responsabilidad fiscal, pero también a los proponentes de la rebaja porque dijo que la reducción es “un pichuleo”.

“Esto es un acto politiquero porque vienen las elecciones. Quieren decir que ‘gracias a mi voto se rebajó el marchamo’, pero cobran el marchamo cuando no nos han dejado circular”, dijo Rodríguez.

Además de la rebaja y la condonación de deudas, el plan impide que el beneficio de reducción aplique a vehículos personales o de los cónyuges, o sociedades jurídicas, de miembros de los supremos poderes, presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo de Elecciones, contralor y subcontralor, procurador y subprocurador, defensor y defensor adjunto, así como los jerarcas de las superintendencias.

Tampoco se podrán beneficiar los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes.

El beneficio no aplicará a naves, buques y aeronaves, estas deberán pagar el marchamo completo. Un artículo adicional del proyecto 22.519 establece que los permisos especiales de estudiantes, trabajadores y turismo, con vigencia hasta diciembre del 2021, serán prorrogados por todo el 2022, sin necesidad de nuevos trámites.