Adrián Torrealba Navas, quien actualmente es directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y debe a esa institución ¢153.087.065, reconoció este lunes que fue parte de un grupo de amigos que donó plata al polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, de Rodrigo Chaves.

Él compareció este lunes en la Comisión Especial de Financiamiento de Partido Políticos de la Asamblea Legislativa y dijo a los legisladores que hizo tres donaciones al fideicomiso en el 2021, cada una de $5 mil (las donaciones fueron el 17 marzo, otra el 26 abril y la última el 26 mayo), para un total de $15 mil (unos ¢8.205.000).

El diputado Ariel Robles, del partido Frente Amplio, cuestionó a Torrealba y lo trató de “aprovechado”, porque dijo que no entendía cómo una persona que no tiene plata para hacer frente a sus obligaciones con el Estado, sí tiene dinero para donar millones a un fideicomiso de este tipo.

En su participación, Torrealba aseguró a los legisladores que él donó la plata convencido de que estaba naciendo un movimiento que buscaba el bien del país y pretendía hacer análisis de la realidad nacional en busca de soluciones.

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El compareciente es uno de los fundadores del partido político Agenda Democrática Nacional (ADN) y contó que conoció a Rodrigo Chaves cuando era ministro de Hacienda, en el gobierno de Carlos Alvarado.

Tiempo después fue contactado por Chaves para conversar sobre sus intenciones de formar un proyecto, él aceptó participar y, según dijo, motivado por la idea del cambio donó la plata al fideicomiso Costa Rica Próspera.

Se compraron banderas

Torrealba dijo que el fideicomiso fue abierto de forma transparente para financiar el proyecto que pretendía hacer el análisis del país y que estaba claro que podía llegar a crearse un grupo político; sin embargo, asegura que en ningún momento fue pensado para financiar a ese grupo político porque él, como abogado, está claro en que eso es prohibido.

“Durante esa etapa anterior, como nos dijo el Tribunal, mientras no estuviera un partido inscrito, los procesos de formación de agrupaciones políticas no tenían unas restricciones específicas, claramente no era para que con esos fondos se fuera después a financiar un partido político, no estaba en objetivo del fideicomiso”, aseguró el compareciente.

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A pesar de las declaraciones de Torrealba, el legislador Ariel Robles presentó una serie de datos tomados de informes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en los que se detalla que la figura del fideicomiso sirvió para pagar gastos de compra de banderas, pagar agencias publicitarias y hacer frente a los viáticos de giras políticas de la campaña política de Rodrigo Chaves con el partido Progreso Social Democrático, entre otras cosas.

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Al ser cuestionado tanto por Robles, como por los legisladores Francisco Nicolás, del partido Liberación Nacional, y Vanessa Castro, de Unidad Social Cristiana, del porqué el dinero del fideicomiso se usó para fines que, parecieran ser ilegales, el compareciente dijo que no tenía conocimiento de que la plata se usara para esos gastos porque él nunca pidió cuentas.

Tanto Robles como Nicolás le preguntaron a Torrealba por qué si sabe que al final, en apariencia, se desviaron los fondos del fideicomiso para pagar gastos de la campaña política, no ha puesto una denuncia, él dijo que es porque hay un proceso abierto y que debe esperar a ver cuál es el resultado, porque todas las partes deben ser escuchado.

Este lunes también debía comparecer en esa comisión Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería Afines (Sinae-Afines), pero dejó plantados a los diputados.

Él fue convocado para comparecer y dar explicaciones sobre a una denuncia en su contra porque, supuestamente, habría estado reportando a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) menos del dinero del que correspondía por las planillas de sus trabajadores y que esa plata, al parecer, era usada para financiar la campaña del ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Hernández informó por medio de un correo electrónico que había sido convocado por el Gobierno a una reunión para hablar del tema de la Ley Marco de Empleo Pública, que por eso no fue al Congreso.