En manos del Señor: Defendamos la cultura de la vida

Tristemente los medios de comunicación han informado del inicio de una campaña para presionar que se reglamente, y en el fondo promueva, el mal llamado "aborto terapéutico” en Costa Rica.

Nos solidarizamos con las mujeres que, estando embarazadas, los médicos les aseguran que sus bebés no sobrevivirían fuera del útero. En esos duros momentos, la sociedad debe acompañar, apoyar, cuidar y amar a ambos: a la mujer embarazada y a su bebé.

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Al abortar a un ser humano en gestación sólo por tener anomalías, se está diciendo que un bebé con una discapacidad tiene menos derecho a vivir que un bebé sano, lo cual constituye una grave discriminación en contra de la dignidad humana.

Una sociedad verdaderamente humana y cristiana no mataría a sus miembros más débiles, sino que preferiría amarlos, cuidarlos y apoyarlos, incluso si sus capacidades especiales son incompatibles con la vida.

Todo aborto provocado, también el mal denominado “terapéutico”, es moralmente reprochable, porque supone la muerte de un ser vivo, inocente y totalmente indefenso.

Cuando se presenta que una mujer enferma queda embarazada, el médico y el personal sanitario tienen la obligación de cuidar y proteger ambas vidas humanas.

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Respecto de aquellas madres con enfermedades que requieran tratamiento médico, pueden ser tratadas, hospitalizadas y, de ser necesario controladas, en unidades de cuidados intensivos, quimioterapia, etc. En estos casos éticamente es aplicable el principio moral del “doble efecto”, es decir, se puede utilizar el tratamiento adecuado para la madre. Si por efecto no querido del tratamiento médico la persona no nacida muere, no se trataría de un aborto procurado.

Como pastores de la Iglesia en Costa Rica, los obispos rechazamos la así llamada campaña a favor de la aplicación del así llamado “aborto terapéutico”, contemplado por el Código Penal de 1973, en su artículo 121, una norma obsoleta por su distancia con el avance de la ciencia en la actualidad. Dicha campaña constituye en el fondo un intento de introducir la práctica del aborto legal en nuestro país, en clara contradicción con la inviolabilidad de la Vida Humana (art. 21 Constitución Política), consagrada en nuestro sistema jurídico.