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Una gran preocupación aqueja a los costarricenses desde hace varios días, pues la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) informó que prevé un aumento de hasta el 8% en las tarifas eléctricas de los hogares de todo el país.
La medida surge luego de que el órgano regulador abriera un expediente en el que señala al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por incurrir en un gasto de hasta ₡11.000.000 en importación de energía, además de un alto consumo de combustibles para generación térmica.
Según explicó el regulador general de la ARESEP, Erick Bogantes, este ajuste del 8% se aplicaría de forma gradual: un 4% en los últimos meses del año y el 4% restante a partir del 31 de enero de 2027.
Frente a estas declaraciones, Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, negó en conferencia de prensa que existiera un acuerdo con la ARESEP sobre dicho incremento.
Acuña calificó la medida de “no solicitada”, advirtió que afectará gravemente a los costarricenses y aseguró que el ICE reporta ganancias en 2026.
Ahora bien, ¿puede la ARESEP tomar este tipo de decisiones sin el aval del ICE?
La respuesta corta es sí. La ARESEP es una institución autónoma que, por ley, tiene la potestad exclusiva de fijar tarifas, fiscalizar la calidad y dictar los modelos regulatorios para el sector eléctrico.
El ICE, por su parte, opera bajo la condición legal de prestador del servicio, por lo que está sujeto a las resoluciones del ente regulador.
En la práctica, las facultades de la ARESEP le permiten:
- Realizar fijaciones de oficio: Puede abrir expedientes tarifarios y decretar ajustes (alzas o rebajas) basándose en sus propios estudios de costos, sin necesidad de que el ICE los solicite.
- Rechazar o recortar solicitudes del ICE: Si el ICE pide un aumento, la ARESEP puede modificarlo o denegarlo si determina que los gastos carecen de justificación técnica.
- Prevalecer sobre contratos del ICE: Sus criterios regulatorios están por encima de los acuerdos o contratos individuales que firme el ICE con generadores privados.
A pesar de esto, el ICE cuenta con vías legales para defender su postura. Puede presentar solicitudes ordinarias de ajuste y participar activamente en las audiencias públicas para oponerse formalmente a las decisiones promovidas de oficio por el regulador.
Más allá de este enfrentamiento, un alza del 8% en las tarifas eléctricas —aun si se aplica de forma paulatina— asestaría un duro golpe al presupuesto de los costarricenses, que sufren ya por el costo de la vida.
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