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Exfiscal Emilia Navas recibirá una pensión bruta de ¢6,3 millones por mes

La abogada estuvo en el cargo como fiscal desde marzo del 2018

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La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) aprobó una pensión bruta de ¢6,3 millones al mes para la exfiscal general de la República Emilia Navas.

La decisión la tomaron en una reunión del 4 de agosto.

Luego de que trascendiera la cifra de la jubilación, el Poder Judicial aclaró que a ese monto se le deben aplicar varias deducciones como son el 13% del aporte obrero al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) y un 0,50% de comisión para la junta que administra las pensiones.

Además, el 5% de seguro de enfermedad y maternidad, ¢3,000 para el fondo de socorro mutuo, pagar el impuesto sobre la renta según los topes definidos por el Ministerio de Hacienda y aportar la contribución solidaria de las pensiones de lujo. Sin embargo, no dieron a conocer de manera oficial cuál será el monto real que recibirá Navas.

Si solo se considera la contribución solidaria por pensión de lujo, se le rebajarán ¢1.872.792, por lo que, sin el resto de deducciones, le quedaría una pensión de ¢4.437.248,42.

Emilia Navas, de 57 años, tomó la decisión de jubilarse a partir del martes 29 de junio y lo comunicó mediante una nota que envió el lunes 28 de junio a la Corte Plena.

A la casa

Navas tomó la determinación de alejarse del cargo de fiscal general 14 días después de los allanamientos por el caso Cochinilla, en el que se investiga una presunta corrupción en obras viales.

A partir del día de los allanamientos, (14 de junio), Navas comenzó a recibir una serie de cuestionamientos ya que su compañero sentimental, Francisco Campos, es abogado de MECO, una de las constructoras involucradas en las aparentes irregularidades.

Navas se apartó del caso tres días después, el 17 de junio, no antes porque estaba en vacaciones.

Fue muy criticada por varios magistrados, en especial Roxana Chacón, de la Sala Segunda, e Iris Rojas, de la Sala Primera, quienes incluso pidieron que se dejara en suspenso el pago de las prestaciones hasta tanto no se determinara si tenía causas disciplinarias pendientes. Esa idea fue descartada por sus compañeros.

Redacción

Redacción LT

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