Bryan Castillo.7 febrero, 2019
De aprobarse el proyecto, los educadores tendrán que pensarlo dos veces para irse a huelga. Foto: Archivo.
De aprobarse el proyecto, los educadores tendrán que pensarlo dos veces para irse a huelga. Foto: Archivo.

Miles de estudiantes de escuelas y colegios perdieron todo el tercer trimestre del año pasado ya que los educadores se mantuvieron 89 días en huelga contra el plan fiscal. Por esa razón, el diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, propusiera un proyecto de ley para ponerle un freno a estos movimientos.

En la propuesta pide que la educación sea declarada como un servicio esencial, tal como lo es actualmente la salud.

La idea del legislador es que los alumnos no resulten afectados por no recibir lecciones, tal como ocurrió durante los últimos 4 meses del 2018.

Benavides le explicó a La Teja que, para lograr su cometido, hace falta modificar la Ley de Servicios Esenciales para incluir en esta categoría a la educación.

“Para que sea un servicio necesario, además de lo educativo, hace falta meter la atención en comedores escolares que muchos niños de escasos recursos usan, al igual que otros aspectos”, comentó.

Huelgas se mantendrán
De acuerdo con Carlos Ricardo Benavides, si este proyecto de ley se aprueba, no será una sacada de clavo para con los educadores, pues el derecho a la huelga se mantendrá pero sin afectar el servicio. 

Su propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría de legisladores, pero el liberacionista es consciente que todavía quedan muchos detalles por afinar. Eso sí, confía que este año podría convertirse en ley.

“Por ejemplo, en España se establece la prohibición de que vayan a huelga algunos funcionarios y se garantiza que durante el movimiento se preste la mayor parte del servicio para que los muchachos no se atrasen”, explicó.

Este martes, Luis Guillermo Bonilla, procurador adjunto de la República, aseguró que los diputados podrían realizar reformas legales para que las huelgas sean prohibidas o limitadas.

Eso sí, deben atender las recomendaciones de la Sala IV y guiarse bajos los principios de “razonabilidad y proporcionalidad”.