El Gobierno anunció la tarde del lunes que desconvocaría el proyecto de ley que plantea imponer un paquete de nuevos impuestos, llamado Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Desconvocar significa que lo saca de la agenda de la Asamblea Legislativa y por lo tanto los diputados no lo pueden discutir.

Así lo anunciaron el conferencia de prensa Víctor Morales, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.

Y es que en Hacienda no están contentos con lo que ha pasado con el proyecto de reforma fiscal. La ministra está a puro té de tilo y se presentó, sin avisar, este lunes 27 de agosto ante los diputados para aclararles que los cambios que le aprobaron al texto original que presentó Casa Presidencial del Plan Fiscal, provocaron que ya no cumpliera las metas que se tenían previstas y que por eso mejor tomaban la decisión de desconvocarlo.

Víctor Morales indicó que lo que harían es una pausa en el proceso que está llevando la reforma y así llegar a mejores acuerdos con las fracciones que son “aliadas”, como Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana.

La meta del Ejecutivo es lograr, con las mociones que aún quedan pendientes, reintegrar la mayor cantidad de plata posible al proyecto. Para esto, es necesario volver a meter en la discusión, los impuestos a la canasta básica y la educación privada, de acuerdo con Rocío Aguilar. Ambos se eliminaron hace poco en la comisión que analiza el texto.

“Sabemos que es un tema que no es popular, es un tema que no nos hace felices a nosotros, pero es un tema absolutamente indispensable de ser atendido", dijo Aguilar.

El primer texto del paquete de impuestos pretendía recaudar cerca de ¢562.000 millones por año. Conforme se ha discutido en la Asamblea Legislativa se ha ido recortando a pedido de ciertos sectores que no quieren que los graven. En el último texto, al que le quitaron ¢91.000 millones por dejar por fuera la canasta básica y educación privada, se recaudarían menos de ¢335.000 millones, lo que dificultaría que arreglemos entonces el problema fiscal a criterio de la Ministra de Hacienda.

Sin embargo, a eso de las 6:30 de la tarde, Casa Presidencial envió un comunicado de prensa asegurando que ya no desconvocarían el proyecto y que trabajarán más bien en generar acuerdos que permitan al texto avanzar sin manosearlo mucho.

Una mejor propuesta

El diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson, comentó lo que pasó este lunes en el Plenario.

“Se recibió a la ministra de Hacienda muy alarmada por el rumbo de la reforma fiscal. Yo fui viceministro y entiendo bien que esta nueva realidad, la de desconvocar el plan fiscal, podría ser una muy buena oportunidad para modificarlo y presentar uno que cumpla la expectativas del Gobierno y las del pueblo.

“Nosotros en Liberación vamos a seguir analizando la reforma fiscal con mucho detalle. Es bueno que el Ejecutivo haga un alto en el camino y analice más profundamente las alternativas que tiene para una reestructuración fiscal”, dijo Thompson.

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El diputado Jonathan Prendas de Restauración Nacional dijo que “el Partido Acción Ciudadana nos tiene acostumbrados a una indefinición total, en campaña aseguraban tener una receta para resolver los problemas país, pero cuatro meses después estamos esperándola, con la incertidumbre de no saber si ese plan se resumía en afectar a los que menos tienen", dijo.

Sindicatos no bajarán la guardia

“Hay una gran incapacidad política del presente Gobierno para articular una solución al déficit fiscal que no golpee a las mayorías. Este proyecto ya tiene un alto rechazo multisectorial. Lo segundo es que el deberían entender que lo que corresponde es abrir una gran mesa de diálogo político-social, para que entre todos busquemos una solución sin profundizar las enormes desigualdades e inequidades que este proyecto ha mostrado”, indicó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep).

Vargas agregó que es evidente que ha venido perdiendo apoyo legislativo de las diferentes fracciones y de ahí la decisión de Hacienda, pero advirtió que no bajarán la guardia y estarán anunciando las medidas que aplicarán la mañana del jueves.

Por su parte, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria indicó que ellos estaban totalmente listos para la negociación, incluso estuvieron reunidos cuatro horas la mañana de este lunes con la comisión de la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa y con el ministro de la presidencia Rodolfo Piza.

“Nosotros habíamos negociado bien toda la participación. Esto se convierte en un atraso, pero el Gobierno sabe medir sus tiempos y creo que es una decisión de ellos para negociarlo mejor, en especial con los sindicatos, ante la amenaza de huelga anunciada este lunes”, agregó Lizano.

Otros que compartieron su preocupación ante el anuncio fueron los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de Sector Empresarial Privado (UCCAEP). que piden que se tome una decisión definitiva.

El país merece saber transparentemente cuál es la posición en la Asamblea Legislativa, si están dispuestos a votar a favor o en contra el plan fiscal, eso si, que se conozca bien cuál será el destino del país ante tales decisiones”, indicó Gonzalo Delgado, presidente de la UCCAEP.

La Cámara de Comercio de Costa Rica recordó la necesidad de recortar más gastos en el Gobierno Central.

“La Cámara de Comercio de Costa Rica considera que el Gobierno está tratando de ampliar los espacios para la negociación y el diálogo. Nos parece que con esto, se abre una oportunidad importante para que el tema de la reducción del gasto sea abordado tal y como lo ha manifestado la Cámara de Comercio en reiteradas ocasiones. Se debe realizar una reforma fiscal que integre una reducción urgente, inmediata y necesaria del tamaño de la estructura estatal y de los beneficios salariales que goza el sector público. En tiempos de desaceleración económica y de crisis fiscal, no solo el sector privado debe realizar sacrificios para el bienestar nacional; sino también el sector público debe reestructurar su organización interna, disminuir costos y ser más eficiente, y sobre todo eficaz en su funcionamiento”, explicó Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Otton Solís, quien es el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue uno de los que la noticia lo agarró por sorpresa, este lunes cuando lo contactamos vía telefónica estaba en Honduras y no tenía ni la más mínima idea de la situación.

“La verdad usted me está informado. A ver, en Costa Rica hay gente que no logra dimensionar la seriedad de la situación fiscal que se vive. El Gobierno tiene las herramientas necesarias para luchar contra la crisis fiscal pero muchas de las decisiones no son populares. Veo la situación como un detenerse en el camino para replantear ideas porque el país sí necesita un plan fiscal y con urgencia”, indicó Solís.