Juan Diego Córdoba, Aarón Sequeira.28 mayo

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, llegó este martes a la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley para reestructurar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

El plan incluye el acuerdo establecido el viernes anterior, que ofrecía a los muelleros pensiones anticipadas y bonos de hasta ocho salarios a los trabajadores que deberán ser cesados.

La entidad portuaria deberá prescindir de hasta 950 empleados.

Japdeva perdió el 80% de sus clientes desde que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) entró en operaciones en febrero anterior. Fotografía: Jorge Castillo
Japdeva perdió el 80% de sus clientes desde que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) entró en operaciones en febrero anterior. Fotografía: Jorge Castillo

“Efectivamente los riesgos que durante muchos años se preveían sobre Japdeva, se materializaron este año. Se llegó a un acuerdo con los trabajadores para dos cosas.

“Uno con Japdeva, para que el Gobierno le pueda inyectar tres meses de operación mientras la junta, en un plazo de tres meses, aprobada una ley presentada este martes, logre liquidar más o menos el 75% u 80% del personal, que es necesario hacerlo, porque hoy los ingresos prácticamente no cubren nada de la operación”, afirmó Aguilar.

A partir de la segunda quincena de mayo, la entidad portuaria no podrá pagar su planilla de 1.186 trabajadores, ni las obligaciones de la operación regular.

“Lo que el Gobierno le ofrece para la solución es financiar tres meses de operaciones, la liquidación y prejubilación de los funcionarios para que quede en un tamaño tal que tenga un punto de equilibrio y sea viable de aquí en adelante”, manifestó Aguilar.

Para hacerlo, el Ejecutivo presentaría un presupuesto extraordinario al Congreso, sin que hasta el momento se conozca el monto.

Japdeva tuvo un déficit financiero de ¢3.416 millones en 2018.

En ese momento las reservas eran por ¢5.923 millones, que le permitió sostener a la institución.

El Gobierno deberá inyectar ¢2.500 millones mensuales para pagar la planilla y las obligaciones de la entidad portuaria, mientras una comisión técnica ejecuta la reestructuración en los dos meses siguientes a la aprobación del presupuesto extraordinario.