Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, asegura que no entiende la decisión del intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), quien congeló la rebaja de las tarifas del pasaje de 3.837 líneas de bus.

“Para nosotros no hay explicación. Lo que sí es cierto, es que posponer la rebaja, es posponer el alivio para muchas familias trabajadoras que utilizan el transporte público para ir a sus trabajos o sus centros de estudio y que lo están deseando. Hay una afectación directa a los usuarios”, dijo Campos.

En una decisión sin precedentes, la Aresep suspendió la rebaja nacional en las tarifas de bus para cuidar las finanzas de las empresas de transporte.

Este mes de julio, los usuarios de bus iban a tener una rebaja en los pasajes de entre ¢5 y ¢425, como lo determinó la metodología de ajuste extraordinario que Aresep aplica dos veces al año.

A 3.062 se les debía bajar de ¢5 a ¢50. A otras 538 entre ¢55 y ¢100, a 139 de ¢105 y hasta ¢200. Además, había 83 tarifas que debían reducirse entre ¢205 y ¢350, y 15 pasajes de entre ¢355 y ¢425, pero todas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

Así lo dice la resolución RE-0043-IT-2021 del 8 de julio, mediante la cual el intendente de Transportes, Edward Araya Rodríguez, congeló la reducción “hasta tanto las condiciones actuales muestren un cambio positivo”, en referencia a los efectos de la pandemia en los ingresos de los empresarios. ¿Pero los ingresos de los usuarios?

Lo malo es que no hay mucho que hacer, pues el defensor de los consumidores explicó que la Aresep es la autoridad superior en esa materia, entonces no hay nadie más a quien acudir, a menos que se lleve a juicio ante el Contencioso Administrativo, lo que ya sabemos que puede tardar años e implica un gran costo.

Además, habría que analizar con detenimiento la decisión técnica del intendente para su conclusión.

Entonces, aunque la situación indigna, prácticamente no le queda nada más al usuario que pagar.

“Desgraciadamente los usuarios estamos atados de manos. Nosotros le hemos dicho al regulador y a los intendentes en reiteradas ocasiones que es necesario tomar en consideración los intereses de los usuarios, compensarlos desde el punto de vista de calidad y de afectación de los servicios, y aplicar el costo más bajo posible, pero eso implica reformas legales que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa”, comentó Campos.

Desbalanceado

Muchos usuarios de bus están desempleados, o con reducción de jornada, pero igual les toca hacer de tripas chorizo y ver de dónde sacan para comprar la comida, aunque cada día le salga más caro, mientras a los empresarios autobuseros sí les hacen varios quiebres.

“La balanza está desequilibrada perjudicialmente hacia el consumidor porque sigue siendo el eslabón más débil de la cadena y el que termina pagando por todo, sosteniendo esos modelos de costos para mantener la estabilidad de las empresas”, puntualizó Campos.

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Evaluación

Cada tres meses la intendencia dará seguimiento a las empresas para determinar si mejoró la situación de las empresas autobuseras, para aplicar la rebaja, sin afectar la continuidad del servicio.

Desde que inició la pandemia los autobuseros lograron que se les autorizara dejarse la mitad del impuesto de regulación que recaudan de los pasajeros, se les redujo el pago del marchamo 2020, recibieron créditos con cómodas condiciones para afrontar la pandemia y se les readecuaron los existentes.

El exregulador general y economista Dennis Meléndez Howell también recordó que a los transportistas se les dio permiso de suspender y reducir jornadas, operar con 50% de su flota y horarios distanciados para ahorrar.

“Es una insólita injusticia con los usuarios que, si se quiere, han sido los verdaderos perjudicados de la pandemia. A los autobuseros, sin pretender negar que los afectó, se les dieron todas las flexibilidades”, apuntó Meléndez.

William Villalobos Herrera, abogado especializado en Derecho Público y Regulación Económica, puso el ejemplo de los ajustes extraordinarios a los precios de combustibles, en los que siempre la ejecución es inmediata para los consumidores. No obstante, en este caso, dijo, “se opta por suspender la ejecución de una resolución beneficiando a los autobuseros en perjuicio de los usuarios”.

Además, cuestionó si el intendente tiene la potestad para decidir cuándo ejecutar los ajustes o decidir si se suspenden.

“La suspensión de no aplicar un ajuste de tarifa debe emitirla el mismo órgano que dictó la metodología, como es la junta directiva, y no el propio intendente. Basta con cuestionarse qué condición normativa le otorga en forma expresa a él esa potestad”, dijo Villalobos.