EscucharA inicios de abril, un hombre de apellidos Solano Salas fue sentenciado a 39 años de prisión por violar varias veces a una sobrina.
Los hechos ocurrieron en Sarchí y San Luis de Grecia, entre el 2020 y el 2023, desde que la niña tenía nueve años y hasta que tenía 12. Según informó el Ministerio Público, el criminal aprovechó su cercanía con la niña, para cometer las agresiones sexuales.
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Con el fin de evitar que este tipo de sujetos cometan nuevos ataques sexuales, los diputados dieron un gran paso en la aprobación de un proyecto de ley que tiene como fin crear un banco de material genético con la información de violadores.
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La propuesta la presentó María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y tuvo el apoyo de los legisladores de la comisión, con el aviso de que buscarían algunos cambios por medio de mociones vía artículo 137.
La iniciativa pretende tener una base de datos de las personas privadas de libertad por delitos sexuales y obtener el material genético de aquellos condenados a más de cuatro años de prisión.
“Es una propuesta con el propósito de facilitar investigaciones posteriores, futuras o paralelas, y que permitan mejorar la seguridad pública, la eficiencia judicial, la prevención del delito y la protección de los derechos de las víctimas”, explicó María Marta cuando presentó el proyecto.
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El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, ve con buenos ojos la iniciativa, pues siente que sería un paso muy útil.
“Hemos conversado sobre la necesidad de que el registro de ofensores le permita al OIJ hacer monitoreo de posibles depredadores sexuales que hay en una zona, ya que la persona, cuando sale de prisión, el OIJ no hace seguimiento porque sería contrario a la ley. Este tipo de acciones a favor de las mujeres es importante”, señaló el jerarca.
El proyecto explica que la información suministrada deberá ser salvaguardada por el Organismo de Investigación Judicial, manteniéndola bajo el más alto nivel de confidencialidad, para uso exclusivo de los investigadores, jueces, fiscales, o defensores.
Esa información recolectada permanecerá en los registros del OIJ durante 10 años luego de la sentencia condenatoria del imputado, después se debe eliminar todo dato y material genético.
“Este tipo de obtención de muestras no es invasiva, se utiliza un hisopo que se pone en el paladar de la boca para extraer las células epiteliales para hacer la comparación y hacer un banco de ADN para que situaciones como esta puedan ser resueltas con mayor eficacia y efectividad”, manifestó Randall Zúñiga.
