Con 50 votos a favor y dos en contra los diputados aprobaron este martes la reforma a la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, conocido como el proyecto contra la usura.

De esta forma se establece en un 39 por ciento la tasa máxima que tendrán los intereses de las tarjetas de crédito.

Los microcréditos (préstamos cuyos montos sean iguales o menores a los 675 mil colones) tendrían un límite del 55%.

La iniciativa también establece un tope máximo de 12 dólares por cobros administrativos después de que hayan trascurridos cinco días hábiles vencido el plazo para el pago de la cuota y la sanción solo se podrá aplicar una vez al mes.

La diputada Patricia Villegas Álvarez, del PIN, destacó que con esta iniciativa los tribunales de justicia tendrán parámetros claros de referencia para aplicar la ley y castigar la usura.

Aseguró que con la aprobación del proyecto los ciudadanos podrán tener acceso a créditos para adquirir electrodomésticos a tasas justas y no quedarán manchados sus records crediticios.

Se estima que en el país la deuda por tarjetas de crédito es de más de cuatro billones de colones y en su mayoría las tasas de interés superan el 62 por ciento, expresó el diputado Welmer Ramos, del PAC, quien recalcó que miles de costarricense sufren las consecuencias de esos abusos.

Por su parte el diputado José Villalta, del Frente Amplio, destacó que con la aprobación de la ley miles de familias contarán con un instrumento para combatir la usura y la esclavitud financiera.

Añadió que es la culminación de una lucha que se inició hace más de una década y cuyos proyectos lamentablemente nunca prosperaron, pero que dichosamente hoy existe una mayor conciencia ciudadana de proteger los derechos económicos.

El diputado Luis Ramón Carranza Cascante, del PAC, manifestó que el país logra así avanzar para poner fin a la estafa que muchos bancos especialmente privados tenían con el país

En contra

La legisladora María Inés Solís Quirós, del PUSC, a pesar de que apoyó la iniciativa, advirtió que con su aprobación se abre un portillo para la informalidad, exclusión financiera, así como un aumento en la criminalidad.

“Al poner un tope a las tasas de interés se genera exclusión financiera, afectando a las personas más pobres por ser consideradas de alto riesgo y una consecuencia directa es tener que recurrir a la demanda informal con lo cual se abre un portillo muy peligroso” expresó

Destacó que la solución no es limitar el crédito y dar ventaja al sector informal, la misma aseguró debe ser integral promoviendo una verdadera reactivación económica y una educación financiera eficiente.

El Banco Central será el ente encargado de establecer las tasas máximas las cuales serán publicadas en enero y julio de cada año en el diario oficial la Gaceta y su página web y quienes excedan esos límites se exponen a las penas del delito de usura que establece el Código Penal que podrían ir de seis meses a dos años de cárcel.