Marcelo Poltronieri.28 julio, 2017

La Procuraduría General de la República presentó la tarde de este viernes la solicitud para declarar ilegal la huelga del Poder Judicial. 

Casi todas las oficinas del Poder Judicial están en huelga desde el pasado 19 de julio. Reiner Montero
Casi todas las oficinas del Poder Judicial están en huelga desde el pasado 19 de julio. Reiner Montero

La petición se hizo en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí). 

Aunque usted no lo crea, el trámite, que en teoría se debería   hacer en San José, se va a tener que resolver en Pococí,  porque era el único juzgado abierto, debido a que el resto de fiscales y jueces del país aún están en huelga. 

La Procuraduría se dio a la tarea de buscar cuál juzgado se encontraba trabajando y al ver que el de Pococí era el único, le pasaron la "papa caliente".

Ahora lo que hay que esperar es ver si el juez que atienda la solicitud declara el movimiento de protesta ilegal, lo que obligaría a los empleados  a regresar a sus labores. 

La acción fue iniciativa del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla,  al asegurar que  se estaba privando a la gente de varios derechos, como por ejemplo, la devolución de cuerpos a familias en la morgue judicial. 


Los funcionarios están en huelga desde el miércoles 19 de julio, porque alegan que la Superintendencia de Pensiones (Supen) les quería quitar los fondos de su jubilación y que les querían aumentar la edad de retiro.


Además, están chivas porque la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa no quería incluir el estudio de los gremios judiciales para la nueva propuesta. 

Sin aguantar nada.


Marcela Guerrero, diputada que forma parte de la comisión legislativa,  le aseguró  a La Teja   qué no darán el brazo a torcer, pese a la presión de la huelga.

"Ellos dijeron que no se iban a pronunciar hasta que estuvieran los resultados del estudio de la UCR. Una vez que estuvieron esos resultados, como no les pareció el resultado, ya no los querían incluir. Nosotros actuamos apegados a esos resultados,  porque son el estudio más actual que hay", dijo Guerrero. 


Parte de las diferencias que más levantan roncha entre los empleados del Poder Judicial es que se tengan que jubilar a las 65 años y no a los 60, como actualmente lo hacen.


Además, están en contra de poner un tope a las pensiones,  para que no superen los cuatro millones de colones, mientras que actualmente hay pensiones altísimas, porque estos  funcionarios no tienen ningún límite en ese aspecto.