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Carlos Vargas es un mensajero de 50 años que le tocó renunciar a su trabajo porque se le iba el sueldo pagando parqueos que la empresa que lo contrató no le reponía.
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito y con todos los policías vigilando las calles, don Carlos ya no se la podía jugar como antes, cuando dejaba la moto en las aceras o en los bordes del caño para cumplir con las vueltas que le asignaban en las oficinas del MINAE, donde trabajó hasta hace un par de semanas.
Este mensajero está molesto porque a su edad es muy difícil conseguir trabajo y pensó que con las motos los oficiales de Tránsito iban a ser más flexibles porque en su opinión no estorban tanto como un carro o un camión. Sin embargo, la ley le cayó parejo a todos y ahora los motorizados no se la pueden jugar.
A él se suman empresarios como Álvaro Mejía, dueño de Mensajería 506, quien aseguró a La Teja que han visto afectado sus ingresos y tiempos de respuesta porque lo habitual era parquear en las zonas prohibidas sin miedo a que los sancionaran y de esta forma ahorrarse los ¢700 que en promedio que cobran los parqueos a los motorizados.
Ahora deben incluir en el plan de sus rutas esta plata "extra", además, de las cuadras que ahora tienen que caminar cargando documentos, paquetes y hasta el dinero que algunas empresas los envían a depositar en los bancos.
Véalo así: un mensajero cobra en promedio por hacer vuelta en San José unos ¢3.500, en un trayecto entre Forum 2 en Santa Ana y el Ministerio de Hacienda en avenida segunda.
Solo en esta vuelta invierten 16 kilómetros que equivalen a unos ¢500 en combustible ( en una moto 125cc que consume aproximadamente ¢20 por kilómetro), más los ¢1.200 en parqueos, en caso de que dure una hora y media haciendo filas o esperando que le reciban los papeles que le encargaron entregar.
Al final por esta vuelta le quedan solo ¢1.500 de ganancia para pagar seguros, impuestos, mantenimiento de la moto, mientras que antes de la ley era una ganancia en promedio de ¢2.700.
Esta situación se la topan en la mayoría de las oficinas, en especial en el centro de San José, porque no cuentan con espacios suficientes de parqueo.
Vargas inclusive se atrevió a decir que este es un negocio redondo para los dueños de parqueos porque se están aprovechando de la situación y les están aumentando el precio lo que le hizo imposible continuar con su trabajo. Aunque otros mensajeros consultados aseguraron que sus empresas sí les cancelan los tiquetes que les cobren, pero no es en todos los casos.
Asociación de parqueos se defiende
Por su parte Daniel Monge, secretario general de la Asociación Costarricense de Estacionamientos y Afines, asegura que los parqueos cobran la tarifa que les aprobó Ingeniería de Tránsito y que, al menos entre sus asociados, no se han reportado irregularidades.
Monge explicó que el problema es que por los últimos 20 años no se puso orden en las calles y ahora ya no tienen que competir con calles y aceras donde las personas dejaban sus vehículos con tal de ahorrarse unos colones.
"Con esta ley más bien recuperamos entre un 15 y 20 por ciento del mercado que habíamos perdido por los vehículos que se dejaban en la vía pública" indicó Monge.
Además, explicó que las quejas por el esquema de cobros se debe a que los usuarios ignoran que existe la Ley 7717 que regula los estacionamientos públicos y que es ahí donde se dispone la forma de cobro según el tipo de automotor y el horario en que se demande el servicio.
Aceptó que algunos parqueos se podrían aprovechar de eventos especiales o otras fechas particulares, pero que el usuario es quién debe rechazar el cobro indebido y denunciarlo ante la Dirección de apoyo al Consumidor.
"Solo denunciando podría cambiar la cosa", dijo Monge.
