EscucharCosta Rica se metió en un broncón en el momento en que el gobierno de Rodrigo Chaves tomó la decisión de aceptar a los migrantes provenientes de países como China, Venezuela, Afganistán, Rusia y Vietnam, que fueron deportados por Estados Unidos.
Hay que recordar que a finales de la semana pasada, la Sala Constitucional, mejor conocida como Sala IV, ordenó que se debe liberar a los 28 migrantes restantes (de los 200 que llegaron), que se mantienen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Corredores de Puntarenas.
Y si bien suena como una decisión sencilla de acatar, según Steven Seas, abogado experto en temas migración, la situación no es tan fácil como aparenta.
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Cuesta arriba
Y es que si bien el Estado costarricense los puede despachar, la pregunta del millón es: ¿Para dónde se van a ir?
“¿Qué es lo que va a suceder en el momento en que los dejen salir?“, cuestionó el experto. ”¿Dónde van a ir a vivir?, ¿dónde van a comer? Van a ser un problema para alguna comunidad, porque ellos se van a ir para algún lado".
Y es que si bien muchos de ellos comenzaron procesos para ser repatriados (devueltos a sus países de origen) y otros solicitaron refugio, queda un grupo que está en una especie de limbo y no se sabe qué hacer con ellos.
Por las razones que sean, desde que corren riesgo en su país, que no han llenado los documentos para solicitar refugio o lo que sea, algunos migrantes no tienen para dónde agarrar y, creálo o no, esos podrían meternos en un broncón con los Estados Unidos.
“El problema es que se queden ahí dos, tres, cuatro, cinco, seis meses o que se queden un año y medio, porque hay que darles de comer y atenderlos.
“Y ahí es donde va a entrar la negociación o el problema con Estados Unidos, para ver si ellos van a mantener a esas personas o si va a ser el Estado de Costa Rica el que va a empezar a mantener a esas personas”, explicó.
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Una solución que planteó Seas es que existe la posibilidad de que sean adoptados por una organización sin fines de lucro, también nos comentó que algunas municipalidades tienen programas de ayuda social en los que se ingresa a las personas con categorías de refugio.
“Son programas como de ayuda social, estilo bonos de vivienda y todo lo demás, pero no es como que les dan bonos para comprar una casa.
“Lo que hace la muni es que toma los datos de las personas que ya solicitaron refugio y tienen el carnet o de los que están en ese proceso, y se les agrega a una base de datos que se envía a empresas para ayudarles a encontrar trabajo.
“Hay casos en los que se les mete en un albergue provisional para que no se queden en las calles, pero es un tema más de ayuda social y no de obligación o de ley”, dejó claro.
Eso quiere decir que, en la mayoría de casos, van a quedar en la calle.
A pagar
Ahora, más allá de para dónde agarran, hay otra arista que tomar en consideración.
Y es que hay que recordar que, además de mandar a liberar a los migrantes, la Sala IV condenó al Estado tico por el pésimo manejo que hicieron de la situación.
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Por toda esto, deberá pagar los daños y perjuicios con dinero que sale del bolsillo de todos y cada uno de los costarricenses.
Ahora, acá hay un gran pero y es que esta condena también pone entre la espada y la pared a los migrantes, ya que para poder cobrar ese dinero, primero tienen que llevar al Estado a juicio y eso no es gratis.
“Para desembolsar esa plata se tiene que contratar a un perito y a un psicólogo, para que evalúe cuáles fueron los daños psicológicos. Si no les dieron atención médica o alguna medicina les generó problemas, tienen que contratar a un médico”.
“Entonces hay que pagar a todas esas personas, ellos presenta sus informes y ya el Estado reintegra ese dinero, pero ¿quién va a pagar eso?“.
Según explicó Seas, en teoría es el Estado costarricense el que suelta el perro, pero primero tienen que ser los migrantes los que usen plata de su propio bolsillo para pagar los abogados.
“Tarde o temprano va a recuperar es dinero, si lo logran justificar claro, pero primero tienen que pagar y recordemos que son personas que, encima de que les quitaron todo, los sacaron de su país, ¿con qué lo van a pagar?“.
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“Si tuvieran plata, ya se hubieran ido para algún otro lado o hubieran cambiado su situación migratoria”, reflexionó.
Una vez que se van a juicio, ahí sí el gobierno tienen que desembolsar, pero hasta no llegar a esa instancia, no tienen que mover ni un cinco.
Mal parados
Por último, desde que llegaron a suelo tico, se han presentado una serie de denuncias que dejan al país muy mal parado ante el resto del mundo.
Por ejemplo, se denunció que el país los detuvo de forma arbitraria por más de 60 días, por retener los documentos de identidad de los migrantes, por no darles información en sus idiomas, por no hacer una evaluación individualizada de protección internacional, además de que no brindaron atención integral, como apoyo psicológico.
