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Pagar por una licencia de conducir choriceada es algo que todavía a mucha gente le parece tan normal como ir a sacar plata a un cajero automático.
A esos vivazos no les importa soltarle hasta dos tejotas a un funcionario público o a los famosos "coyotes", con tal de obtener el documento que les permita andar tranquilos en sus naves por las calles de Tiquicia.
Una mujer, quien prefirió no ser identificada, se comunicó con La Teja para denunciar que le soltó ¢525 mil a un empleado del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para que le sacara un combo de tres permisos de conducir (el suyo y el de dos familiares más), sin pensar en la embarcada que se estaba pegando.
La mujer habló con La Teja y aceptó que lo que hizo estuvo mal, porque estaba comprando a un funcionario público para ahorrarse varios trámites que ella misma calificó como “tediosos”.
De acuerdo con su versión, todo empezó porque un conocido le comentó que tenía contacto con un funcionario del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que le podía hacer esa vuelta. Luego de pensarlo varios días, se comunicó con empleado público para que le ayudara a sacar la licencia de conducir.
“Me convenció de depositarle, yo lo hice y sé que está mal. Primero le di ¢125 mil, pero luego metí a dos familiares. Me convenció para que le diera todo el dinero, que en total eran ¢525 mil. Resulta que yo le pagué y me empezó a cambiar la citas de fecha, hasta que yo le dije que mejor me devolviera la plata. Me dijo que no podía trabajar conmigo, porque le olía a problemas y que me iba a devolver la plata, pero se desapareció”, continuó.
Intentamos conocer la versión de los encargados del Cosevi y de la Dirección de Educación Vial; sin embargo, al cierre de edición no nos enviaron una respuesta.
Como en el caso de esta mujer lo que a la mayoría poco le importa es que tanto el que entrega el permiso de conducir, como el que lo paga, se exponen a irse guardados a la cárcel varios añitos.
Vive un infierno
La afectada comentó que al principio le prometieron el paraíso pero que al final lo que le está tocando vivir es un verdadero infierno, ya que que nunca pensó que podía perder tanto dinero de una forma tan fácil.
“Lo que le puedo decir a la gente es que no crean en esto, todo suena muy bonito pero al final lo que va a pasar es que van a perder plata, porque nada de lo que dicen es real”, expresó.
La mujer contó que luego de las averiguaciones que hizo para ubicar al funcionario, se enteró que había grupos en WhatsApp y Facebook donde ofrecen este ilegal servicio que cuestan entre ¢125 mil y ¢200 mil.
A la cárcel
El abogado y exjuex de la República Ewald Acuña explicó que en este tipo de casos, quien ofrece el dinero está cometiendo el delito de “penalidad del corruptor”, que consiste en ofrecer plata a funcionarios públicos, para que hagan su trabajo de forma más rápida.
Además, el empleado público que acepte la suma u ofrezca servicios dentro de su función a cambio de "harina", está incurriendo en “cohecho”, que es recibir un soborno o dádiva (dinero, propiedades o favores) para beneficiar a una persona.
De acuerdo con Acuña, ambos crímenes están contemplados con sanciones muy bajas, pues van desde los 6 meses hasta los 2 años de cárcel. Además, si una persona es condenada por primera vez por un delito menor a los 3 años, no será recluida (se le aplica la ejecución condicional de la pena).
Sin embargo, la pena se podría extender, por ejemplo, si el infractor ya tiene antecedentes, o si se comprueba que lo hizo varias veces, de esta manera se acumularían las infracciones y los años en prisión.
“Además de la cárcel, existe la posibilidad de que haya un despido o que (el funcionario) no vuelva a ocupar un cargo público”, dijo.
Los que tienen un panorama difícil son los “coyotes”, ya que podrían pasar hasta 6 años tras las rejas, pues por lo general falsifican documentos oficiales para entregar el documento.
“Hay diferentes casos, pero partiendo de lo básico, solo por falsificar un documento son de 1 a 6 años y se le puede sumar el delito de penalidad del corruptor que serían hasta 2 años”, agregó.
Cinco condenados
De acuerdo con datos proporcionados por Adaptación Social, del Ministerio de Justicia y Paz, en este momento hay encarceladas cuatro personas por sobornar a empleados públicos, mientras que una más se encuentra en prisión por “venderse”.
