Ana Martínez tiene 10 años y se despierta unos minutos antes de las seis de la mañana. Juan Pablo Morera también tiene 10, pero él se despierta a las seis en punto.

A ella le gusta jugar con muñecos y a él le encanta el fútbol. Ana nació en Matagalpa, en el centro de Nicaragua y hace un año se mudó a Costa Rica.

Juan Pablo nació en Costa Rica. Ambos cursan quinto grado de la escuela y son vecinos. Además, viven a 300 metros de distancia, en la comunidad de Palacios, ubicada en el cantón de Pococí, Limón.

Ana y Juan Pablo tienen una cosa más común: en el patio de sus casas hay pozos para sacar agua, porque la comunidad donde viven no tiene acceso a saneamiento ni a agua potable por cañería.

Las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS) más cercanas están a diez kilómetros y no hay sistema de alcantarillado que permita la conexión.

Además de vecinos y amigos, Ana y Juan Pablo son compañeros de clase; asisten a la escuela Vegas del Río Palacios, ubicada a pocas cuadras de sus casas. Esta escuela recibe 50 estudiantes de primaria.

Al igual que Ana, muchos de los alumnos nacieron en Nicaragua y emigraron con su familia en busca de mejores oportunidades. Esta linda historia nos la comparte la ONU.

La escuela Vegas del Río Palacios no es ajena al problema del acceso al agua y el saneamiento.

El centro cuenta con un pozo perforado que, mediante una bomba eléctrica, alimenta un depósito y, a través de tuberías, el agua llega a los baños, pilas y cocina.

En la zona rural de nuestro Caribe las lluvias, especialmente en la segunda mitad del año, son intensas y frecuentes y esto provoca desperfectos en el suministro eléctrico.

“En el tiempo de invierno se producen rayerías o el tendido eléctrico tiene obstrucciones, entonces la luz se suspende”, explica Luis Jiménez, director del centro educativo.

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Sin electricidad, no es posible bombear agua hacia el tanque y los estudiantes no pueden usar los baños, lavarse las manos, ni beber agua.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) establece la obligatoriedad del acceso al agua en los centros educativos para garantizar la salud y salubridad de los estudiantes. Por eso, cuando esto ocurre, la escuela cierra y los niños pierden días de clases.

Llegó hace año y medio

Ana llegó hace un año y medio a Costa Rica, donde vive con su tía y hermanos mayores.

En Palacios, la escuela se convirtió en su lugar seguro.

“Aquí me respetan por ser nicaragüense, me respetan por mi color de piel y por todas esas cosas porque yo soy nicaragüense. Me respetan mucho y cumplen todos los valores”, cuenta.

La suspensión de las clases por falta de agua afecta a estudiantes, profesores y personal administrativo.

Por un lado, los profesores pierden tiempo para poder cumplir con el plan lectivo, y por otro, los estudiantes sufren el atraso educativo.

También, pierden los dos tiempos de comida que la escuela les brinda en el comedor. Pero, sobre todo, los niños pierden un espacio seguro de convivencia.

“Me sentía como que extrañaba a mis compañeros, a mi maestra y a Amadita (la cocinera) también”, recuerda Ana.

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De acuerdo con Luis Jiménez, director de la escuela, es en un centro educativo con un 55% de población costarricense y un 45% de población nicaragüense o hijos de padres nicaragüenses.

Muchas familias migrantes llegan a la comunidad para trabajar, de manera temporal o permanente, en las plantaciones de productos como plátano, yuca y ñame, además de las fincas ganaderas de la zona.

Gran salvada

Desde el año antepasado, el MEP contó con la asesoría técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estados de los Estados Unidos (BPRM, por sus siglas en inglés) para mejorar las condiciones de acceso al agua en once centros educativos de Cariari y Barra del Colorado beneficiando a 1.100 niños.

El proyecto invirtió 311.000 dólares (unos 165 millones de colones) en toda una estructura de conexión de agua, saneamiento de las aguas grises y servicios sanitarios.

“Anteriormente los estudiantes se enfermaban mucho. Era habitual recibir un mensajito en el cuaderno de comunicados que decía ‘director, mi hijo hoy no va a poder asistir porque le duele el estómago, porque algo le cayó mal”, recuerda Luis Jiménez.

Además de la escuela Vegas del Río Palacios, otros diez centros educativos forman parte del proyecto.

“El acceso a agua limpia, higiene y saneamiento ambiental es un derecho esencial que contribuye significativamente en el cumplimiento del derecho a una educación de calidad y a la inclusión de las poblaciones que se encuentran en condiciones especialmente vulnerables.

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“Esta iniciativa no solo llevará agua, higiene y salud a los centros educativos sino también esperanza a la niñez y las familias que aspiran a nuevas oportunidades y un presente y futuro mejor para todas las personas, gracias a la educación”, explica Juan Manuel Baldares, gerente de Programas de UNICEF en Costa Rica.