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Oficiales y auxiliares de seguridad aseguran vivir desprotegidos por parte de las autoridades de los centros educativos donde laboran, así como del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Ellos denunciaron a La Teja las malas condiciones que tienen en las instituciones, por ejemplo, algunos no tienen casetas que se adecuen a sus necesidades ni pueden monitorear a través de las cámaras al no tener acceso a eso.
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Asimismo, señalaron que reciben salarios bajos, porque no se toma en cuenta el riesgo que corren los oficiales y los auxiliares de seguridad para resguardar la vida de los estudiantes y el cuerpo administrativo y docente, así como el centro educativo donde laboran.
De hecho, Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, estuvo de acuerdo.
“Lo que tenemos que pensar es que con 350.000 colones le damos responsabilidad a una persona para que arriesgue su vida y que cuide el patrimonio de toda una escuela o un colegio. Entonces no guarda proporción la calidad de mano que yo estoy contratando versus la responsabilidad que yo tengo”, dijo.
Según la tabla del Ministerio de Trabajo, el salario mínimo de un agente de seguridad está en 399.000.
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Los oficiales y auxiliares de seguridad temen trabajar de noche debido a la situación actual en la inseguridad. Ellos tienen miedo a que sean atacados por los criminales, con tal de robar algún equipo que utilizan los estudiantes durante las lecciones o, incluso, si portan arma podrían herirlos y robársela.
Así lo comentó Adrián Gutiérrez, un oficial de una escuela ubicada en Alajuelita.
“De noche es un peligro (portar un arma) porque la mafia anda detrás de esas armas”, dijo.
“Las escuelas son un atractivo para la mafia porque tienen computadoras y en los comedores hay comidita y otras cosas que les llaman la atención”, agregó.
Gutiérrez señaló que se deberían implementar cámaras en todas las instituciones educativas y que el guardia tenga acceso a un monitor para vigilar todo el perímetro escolar durante la noche.
“Muchos no lo tienen y muchos directores se niegan. Ellos dicen que no, que el guarda no tiene por qué tener eso. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vigilaremos? Resguardando, primeramente, su integridad física y después la institución, que fue para lo que nos contrataron", comentó.
Por otro lado, el oficial y sus compañeros tuvieron que pelear con la administración del centro educativo donde laboran para que les colocaran una caseta.
Sin embargo, aún están preocupados por su seguridad, ya que una parte del centro educativo, a pesar de que tiene una malla, es de fácil acceso para hacer algún tipo de daño tanto a los guardas como a la institución.
Además, solicitaron que se refuerce la seguridad en la institución donde laboran, ya que normalmente solo trabaja una persona durante la noche.
Gutiérrez también denunció que los guardas no reciben capacitaciones adecuadas que sean impartidas por profesionales y conocedores de los labores que realizan los guardas y auxiliares de seguridad.
Él opinó que los guardas deberían portar un arma no letal como una medida y detectores de metales portátiles para asegurarse que nadie ande armado.
No obstante, Vargas afirmó que los oficiales deben estar capacitados para portar armas tanto letales como no letales, así como estar entrenados en la parte sicológica y emocional.
Otros casos
Este medio conversó con otros oficiales y auxiliares de seguridad para que expusieran sus casos. Por solicitud de ellos, no se revelarán sus nombres para resguardar su identidad.
Una auxiliar de seguridad de una escuela en Pocosol, San Carlos, comentó que hay una caseta donde solo cabe una mecedora que ella compró con su dinero de para sentarse en los ratos libres.
“Si está lloviendo y necesito ir al baño, tengo que caminar unos 100 metros de la caseta al servicio sanitario más cercano. Cuando está lloviendo es terrible”, dijo la guarda.
“Cuando llueve con mucho viento, en la caseta se me mete el agua, yo puse unas bolsas plásticas de basura negras para tapar el agua y un poco también los rayos del sol”, agregó.
Actualmente tiene un problema con una madre de familia, ya que, al parecer, no la defendió en una situación que tuvo con otra empleada de la escuela y por eso, no ha recibido protección.
Ella comentó a este medio que la mujer la persigue, por lo que teme por su seguridad, cuya situación se lo hizo saber al director del centro educativo y recibió una respuesta que no esperaba.
“El director me fijo que no se puede hacer nada, no me pueden defender. Entonces tuve que ir a denunciarla”, dijo.
Por otra parte, una guarda de una institución en Llanos de Santa Lucía, Cartago, contó que hay dos casetas de seguridad en diferentes extremos del sitio donde labora, una cuenta con las condiciones necesarias, pero la otra no.
“No tiene servicio sanitario, lavamanos ni nada. Es un cajóncito de 1m x 1m”, mencionó.
Ella teme por su seguridad y las de sus compañeros, ya que al sur de la institución hay un lote baldío y además hay un búnker.
Asimismo, señaló que en este centro educativo los guardas no tienen acceso al monitoreo de las cámaras.
“Se han metido a robar, pero no han hecho mayores daños”, dijo. “Una vez se metió un individuo a las 2:00 a.m. y yo apliqué el protocolo; llamé a Fuerza Pública y llegó a la institución”.
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Pidieron apoyo al MEP
Los oficiales y auxiliares de seguridad les solicitaron apoyo al MEP; sin embargo, han sido ignorados.
Según Gutiérrez, se enviaron unas cartas a las exministras Sonia Mora Escalante y Anna Katharina Müller, donde expusieron sus situaciones y pidieron soluciones; pero ninguna respondió a sus solicitudes.
“Cuesta que el ministerio entienda que las escuelas no se cuidan solas. Para que se cuide a una escuela y que no le hagan daños, tiene que invertir en el personal y equipo”, dijo el guarda de la escuela ubicada en Alajuelita.
Se intentó conseguir una posición del MEP; sin embargo, a la hora de cierre de esta nota no se recibió una declaración.
Además, tocaron puertas en la Asamblea Legislativa para que los escuchen y busquen posibles soluciones a sus problemas. Gutiérrez comentó que conversaron con la diputada de Frente Amplio, Rocío Alfaro, pero no ha habido un avance.
Este medio contactó a la fracción frenteamplista para conocer la posición de la diputada, pero al cierre de la nota no se obtuvo una respuesta.
