Ana Luisa Elizondo, ingeniera coordinadora del Programa de Infraestructura del Transporte del Lanamme, agarró al toro por los cachos. Defiende la conveniencia de asignar obras preventivas y de mantenimiento vial a empresas pequeñas.
“El error fue permitir a las grandes empresas crear otras más pequeñas y acaparar los proyectos”, afirmó.
Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), coincide en la necesidad de diversificar los proveedores de servicios de mantenimiento mediante la división del país en zonas más pequeñas, manejables por empresas de menor tamaño.
Randall Murillo, de la Cámara Costarricense de la Construcción, se suma y agrega la posibilidad de formar grupos de empresas menores para atender tareas más grandes.
Y es que para efectos del mantenimiento vial, el país está dividido en 22 zonas y más del 90 % de ellas eran atendidas por Meco y H. Solís.
Los contratos para bacheo, limpieza de cunetas, corta de maleza, alcantarillas y atención de emergencias por lluvias o desastres vencieron en febrero y la renegociación para extenderlos cuatro años más estaba en camino cuando estalló el escándalo Cochinilla, con esas dos empresas como principales protagonistas.
Es el momento de poner el dedo en la llaga y curar. El limitadísimo número de participantes en una función tan relevante, y la concentración de tareas en dos empresas, debió ser motivo de preocupación desde hace mucho tiempo. Llegar donde estamos tiene un altísimo costo. Sería imperdonable desaprovechar tan cara lección y “democratizar” la obra vial.